Si el próximo gobierno necesita 50 mil reclutas más para sofocar la violencia y reducir la inseguridad, quiere decir que la paz prometida en ese ámbito está lejana. La violencia será larga todavía.

 Larga será también la legítima queja, la dramática exigencia de los familiares de las víctimas que buscan a sus desaparecidos, exigen justicia para sus muertos y se niegan al perdón que les ofrece el Presidente electo.

 Este es el campo minado de frustración y dolor que puede considerarse el único fracaso del Presidente electo, el único desencuentro cabal, reiterado, con las exigencias y las esperanzas de sus ciudadanos agraviados.

 Lo cierto es que las exigencias y las esperanzas de tantas familias heridas por la violencia son sencillamente imposibles de cumplir, si la construcción de la paz no avanza también en el otro frente de la inseguridad: la procuración de justicia, la multiplicación no solo de nuevos reclutas para las fuerzas armadas, sino también de nuevos jueces , nuevos ministerios públicos, nuevas policías de investigación, nuevos servicios forenses, capaces de investigar y resolver los homicidios cuando ocurren y de llevar un cuidadoso registro y una minuciosa identificación de víctimas y desaparecidos.

 Este es el otro Ejército que necesita reclutas y presupuestos adicionales: el brazo civil que cierra la pinza y de cuya ausencia en estos años son testimonio suficiente las miles de familias que no saben dónde están sus familiares muertos y/o quienes los mataron.

 Difícil esperar la reconciliación y el perdón en mitad de la niebla y el desconocimiento, en medio de la impunidad de los crímenes y la abundancia aterradora de los desaparecidos.

 No hay solo miles de homicidios sin aclarar, sino miles de familias que no pueden siquiera enterrar a sus muertos, pues no saben en qué pila de desaparecidos han quedado invisibles, inidentificables para siempre.

 De ninguna de estas víctimas puede culparse al gobierno electo, pero ha sido hasta ahora su única verdadera derrota, y lo será por mucho tiempo porque las condiciones institucionales vigentes en la procuración de justicia sencillamente impiden dar respuesta al dolor innegociable y exigente de las víctimas.

 La paz prometida por el nuevo gobierno se ve lejana. La reconciliación buscada, también.