24 de Septiembre de 2018

Chetumal

Q. Roo homologa delitos penales de desaparición forzada y tortura

El Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales federales para agilizar la declaración y reducir los términos.

El Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales federales en materia de desaparición forzada. (Foto/Internet)
El Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales federales en materia de desaparición forzada. (Foto/Internet)
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Agencias
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales federales en materia de desaparición forzada, con lo cual Quintana Roo se ubicó entre las cinco primeras entidades del país en avalar estas modificaciones federales, que facultarán al Congreso de la Unión a legislar y a homologar los tipos penales de los delitos en materia de desaparición forzada, tortura, entre otros.

De acuerdo con información de Entorno Inteligente, el diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión informó que estas reformas constitucionales darán pie a futuras armonizaciones de las leyes locales, y se promoverá que en los códigos civiles locales se hagan las reformas correspondientes con el efecto de agilizar la declaración de ausencia por desaparición forzada, reduciendo los respectivos términos, con el objeto de que las víctimas indirectas puedan realizar sus trámites familiares y administrativos en forma rápida.

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Con esta reforma, se atienden distintas recomendaciones de organismos internacionales y exigencias de organizaciones no gubernamentales, se faculta al Congreso para que, a través de leyes generales, que sean observadas en todo el país, se homologuen los tipos penales de desaparición forzada, involuntaria, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, dice el documento aprobado.

Además, la Cámara de Diputados locales aprobó la minuta de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción aprobadas por el Congreso de la Unión, con las que se creará un sistema nacional que articule a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el fin de evitar estas prácticas.

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