Ante la falta de información oficial, los hoteleros del sur del estado realizan un censo a centros de hospedaje que se ofertan en plataformas digitales como Airbnb, para saber cuántos operan en el sur del estado.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y sur de Quintana Roo, Bertha Medina Núñez de Cáceres, informó que realizan un censo “para conocer al enemigo”, y cuantificar en aproximadamente un mes, el grueso de estos mal llamados centros de hospedaje y que ni las propias autoridades estatales de turismo han podido “dar con ellos”.

Señaló que la mayoría de las casas que se ofertan como centros de hospedaje a través de plataformas digitales, principalmente en Bacalar, representan una competencia desleal para los hoteles que operan en la formalidad, porque estás no cumplen con los requerimientos para garantizar un turismo seguro.

Enfatizó que estos centros de hospedaje no se dan de alta ante el Registro Nacional de Turismo, carecen de certificados de desinfección, anuencias de Protección Civil, no cuentan  con las respectivas licencias de funcionamiento, además de no tener el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por si fuera poco, al estar fuera del radar de la Procuraduría Federal del Cosumidor (Profeco), representan un riesgo latente para los visitantes nacionales y extranjeros.

Medina Nuñez de Cáceres agregó que además son para el sector formal una competencia desleal, al venderse en espacios como Airbnb a precios muy bajos.

También aseguró que este tipo de negocios genera pérdidas económicas significativas a los empresarios de la hotelería formal, porque de acuerdo a sus indicadores ocho de cada 10 turistas que arriban a Bacalar, por ejemplo, se hospedan en las viviendas acondicionadas como centros de alojamiento.

Más de 50 mil Airbnb operan de manera irregular en Q. Roo 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo no cuenta con cifras precisas de cuántos establecimientos se ofertan por las plataformas digitales como Airbnb y otras en cada municipio, y se estima que apenas 30 mil han tramitado su licencia de funcionamiento, pero más de 50 mil operan de manera irregular en toda la geografía estatal.