23 de Mayo de 2018

Riviera Maya

Va sanción para burócratas que no han realizado su declaración

Se informó que 389 funcionarios cumplieron, sólo cinco no lo hicieron y prevén acciones conforme a la ley.

La mayor parte de los burócratas del municipio cumplió en tiempo y forma con lo que exige la Ley de Servidores Públicos de Q. Roo. (Irving Canul/SIPSE)
La mayor parte de los burócratas del municipio cumplió en tiempo y forma con lo que exige la Ley de Servidores Públicos de Q. Roo. (Irving Canul/SIPSE)
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Irving Canul/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- El pasado 31 de mayo venció el plazo para que los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial. El Contralor del ayuntamiento, Julio Dzay Aguilar, informó que 389 funcionarios cumplieron en tiempo y forma con la disposición. Solo cinco no lo hicieron y podrían ser sancionados administrativa o monetariamente.

El funcionario asegura que, hasta el momento, no se han detectado anomalías en las declaraciones presentadas en tiempo y forma como lo estipula la Ley de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo al calendario oficial del primero al día último del mes de mayo los servidores públicos tienen que presentar su declaración anual patrimonial ante la Contraloría del Ayuntamiento.

Cumplieron 367 funcionarios

De acuerdo al titular de la dependencia municipal, cumplieron en tiempo y forma 367 servidores públicos en función del Ayuntamiento de Cozumel y 22 fueron notificados posterior al plazo estipulado por la Ley de Servidores Públicos y se les dio un plazo de 24 horas que aprovecharon para presentar su informe patrimonial.

Los cinco servidores públicos de los cuales por el momento no reveló el nombre aseguró que se analizará la sanción que procede pues de acuerdo a la ley vigente, podrían ser amonestados administrativamente o económicamente con cinco y hasta 50 salarios mínimos.

Posterior a la presentación de la información requerida por la Contraloría Municipal se realiza una revisión para verificar que la declaración no sea errónea respecto a los ingresos y bienes de los servidores públicos.

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