Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Cabildo de Solidaridad sometió a escrutinio el caso del ex presidente municipal, Rafael Castro Castro, quien se inconformó sobre el procedimiento administrativo que la Contraloría Municipal le aplicó y del que resultó una inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

La sesión de Cabildo que duró alrededor de tres horas, fue de carácter privada, por lo que no hubo acceso a los medios de comunicación, y aunque se les solicitó información a algunos regidores ninguno quiso hablar sobre el tema, escudados en la presunción de inocencia del o los ex funcionarios sobre los que versó el dictamen de Contraloría que fue mandado al Cabildo.

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El tema ha sido tratado con reservas desde la misma Contraloría que encabeza Ludwig Paul Cárdenas Lugo, y por diversos funcionarios.

Cristina Torres Gómez, presidenta municipal, indicó que el hecho de que hubiera llegado a Cabildo el dictamen de los expedientes que levantó la Contraloría, obedece a que el o los ex funcionarios se inconformaron respecto al fallo, el cual extraoficialmente se sabe que se trata de la inhabilitación de Rafael Castro.

El del también ex secretario general del Ayuntamiento, al lado de los presidentes Román Quian Alcocer y Mauricio Góngora Escalante es uno de los cien casos que están en la Contraloría, y que tienen que ver con diversas causas como subsanar información y documentación, reposición de documentos, aclarar facturas y egresos, entre otros.

Trascendió también que el mismo Castro Castro estuvo presente en la sesión de Cabildo, donde, se presume, hizo alegatos a su favor.

Aunque no se dio a conocer el sentido de la votación de los regidores respecto a si procedió o no la inhabilitación, cabe aclarar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo en su artículo sexto prevé una sanción de hasta 20 años de inhabilitación a quien incurra en:

“XI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública, Estatal o Municipal y a las leyes que determine el manejo de los recursos financieros, bienes estatales y municipales” que forman parte de lo que investigan a los cerca del 100 ex funcionarios.