20 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Injusticia en fraude en Petempich

Prestadora de Servicios Azco incurrió en la venta por duplicado de predios.

Vista aérea de los predios de Petempich (Redacción)
Vista aérea de los predios de Petempich (Redacción)
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Mauricio Conde/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Toda vez que Prestadora de Servicios Azco incurrió en la venta por duplicado de los predios de Petempich tanto al “Grupo Constructor de la Ribera” como a “Inmobiliaria JRB”, en operaciones inmobiliarias que le redituó por una parte 25 millones de euros y por otra, más de 8 millones de dólares en perjuicio de los inversionistas, el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo otorgó este miércoles la “suspensión definitiva” derivada de Juicio de Amparo a favor de JRB.

Dicha anotación por autoridad quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), ayer en punto de las 11:57 horas.

Azco está involucrada, según el Juzgado de lo Social de Madrid número 3, en España, en el proceso contra Gerardo Díaz Ferrán, expresidente del sindicato patronal español, quien encabezó una apurada estrategia de desincorporación de activos para evadir  indemnizaciones a más de cuatro mil personas físicas defraudadas por Grupo Marsan en la venta de paquetes de viajes por 4.4 millones de euros.

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Por eso, en la delegación del RPPyC en Cancún, conforme oficio 2177/2017, expediente 896/2016, Yaredh Cejudo Córdova, en su carácter de secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, dejó  ayer de manifiesto que el juzgador otorgó la “suspensión definitiva” dentro del Juicio de Amparo que promovió Inmobiliaria JRB contra el delegado en Cancún del RPPyC, en cumplimiento al auto de fecha 23 de enero.

Al efecto, en el respectivo folio del RPPyC (31974) se anotaron los incidentes de revisión 456/2015 y 457/2016, por los cuales se concede suspensión definitiva solicitada por la Inmobiliaria JRB, conforme la orden de prelación 739210.

Los madrileños Lorenzo Sánchez Hidalgo y Guillermo José Martínez Cárdenas vendieron los predios a Grupo Constructor de la Ribera Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado Joaquín Ramos Ramos, en 8 millones 847 mil 652 dólares con 30 centavos, equivalentes a 154 millones 367 mil 377 pesos, al tipo de cambio vigente.

En consecuencia, la adquiriente pagó mediante cheque 01 de CIBanco, cuenta 0000144894-3, depositado en el Banco Popular Español, en la sucursal madrileña de la calle General Perón número 30, con la ficha de transferencia IBÁN: ES03 0075 0223 9106 5005 0018.

Todo ello quedó autorizado el 26 de mayo de 2016, pero al mismo tiempo, en mesa de negociaciones paralela, “Prestadora de Servicios Azco” vendía los mismos terrenos a Inmobiliaria JRB por 25 millones de euros, donde incluso recibió en su cuenta del Banco Popular Español la cantidad de 5 millones de euros, como anticipo, mientras que el resto de los 20 millones de euros se pagaron en dólares.

Incluso, un día después cerrado el trato de compra-venta con Grupo Constructor de la Ribera por más de 8 millones de dólares, conforme quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Prestadora de Servicios Azco recibió por los mismos terrenos de parte de la Inmobiliaria JRB un depósito a cuenta por la cantidad de 3 millones 470 mil dólares; posteriormente obtuvo otro depósito por 3 millones 470 mil dólares el 27 de agosto de 2016 y también 5 millones 570 mil dólares el 18 de agosto del mismo año; para el 26 de noviembre Inmobiliaria JRB liquidó otros 3 millones de dólares.

Cabe destacar que Prestadora de Servicios Azco incluyó en el contrato de compra-venta con Grupo Constructor de la Ribera, impugnado por Inmobiliaria JRB una cláusula especial, la Quinta, que dice: “De la Posesión, donde la adquiriente acepta la presente transmisión de dominio de los inmuebles, en pleno conocimiento de que la posesión de dichos inmuebles se encuentran en manos de terceros, aun así, se obliga y compromete a cubrir de su exclusiva cuenta las disposiciones municipales, estatales y de sanidad aplicables a los mismos”.

Incluso quedó al margen la siguiente anotación: “los compran a sabiendas que los inmuebles objeto de esta escritura, se encuentran sujetos a procedimientos judiciales y administrativos, situación que conoce el adquiriente librando al Notario de cualquier responsabilidad”.

Por lo que Grupo Constructor de la Ribera, cuyas oficinas están ubicadas en Zapopan, Jalisco, sabía el pleito legal y multimillonario en que se metieron.

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