Pedro Olive/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El próximo período ordinario de Sesiones a realizarse en septiembre, Fernando Levin Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentará la propuesta de creación de un Instituto de Movilidad que pertenecerá a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sinco), y que será la encargada de autorizar o rechazar las nuevas concesiones, además de desintegrar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).

“Este instituto tendrá las funciones de realizar estudios de movilidad, y con base en su propia ley, dicha dependencia se encargará de vigilar que se cumpla con base en la normatividad; dentro de los temas a evaluar estaría Uber, concesiones, aumento o disminución de unidades de transporte, tarifas, etcétera”, comentó el diputado Zelaya Espinoza.

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En la explicación de la propuesta, el diputado señaló que el proyecto contempla dentro de sus objetivos sustituir a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras del Estado que está vigente desde 1996, y que sería sustituida con una Ley de Movilidad.

La creación de un Instituto de Movilidad es otro de los puntos planteados en el proyecto, dicha instancia será la encargada de realizar los estudios en materia de mejorar los tiempos de traslados, aprovechamiento de vialidades, y verificar que se cumpla lo que en la Ley de Movilidad se establezca.

El instituto dependerá de la Sinco, que a su vez, será independiente de la Secretaría de Transporte.

“Este nuevo Instituto deberá integrarse de acuerdo con los lineamientos que establece la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de Quintana Roo, y en términos generales regulará todos los temas con respecto a la movilidad en el Estado”, señaló el diputado.

El manejo del instituto deberá estar integrado, y contar con la participación de los 11 presidentes municipales y representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Oficialía Mayor y representantes de la sociedad civil a través de colegios de profesionistas, los sindicatos de transportes y las empresas concesionarias no están contempladas, bajo el argumento que no pueden ser juez y parte.

En caso de aprobarse esta iniciativa y proyecto, deberán esperar al menos seis meses para que todo ya esté funcionando, por lo que sería para 2018, la operación del instituto y presentación de su ley.