24 de Junio de 2018

Opinión QRoo

Jefazos piden la Ley Borge

El resurgimiento del Colegio de Profesionistas en la Comunicación del Estado de Quintana Roo...

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El resurgimiento del Colegio de Profesionistas en la Comunicación del Estado de Quintana Roo ocurrió en un evento al puro estilo del viejo protocolo priista: con formato dinosáurico y lleno de alabanzas a los representantes gubernamentales que les hicieron el favor de asistir, para la toma de protesta de su Consejo Directivo Estatal 2017-2019. Su reactivación no es mera casualidad; es impulsada por las relaciones que varios de sus integrantes mantienen con el reducido grupo de opinadores del sur del estado, que no ha cesado en su intento por revivir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, conocida como “Ley Borge”.

A raíz del ataque a balazos a las instalaciones del Canal 10, el pasado 24 de octubre, los opinadores sintieron que ya era hora de volver a presionar, para que el Congreso active el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, cuya convocatoria para instalar el consejo consultivo causó el rechazo, sobre todo de aquellos colegas que sufrieron la persecución, el desplazamiento y la censura de Roberto Borge Angulo, hoy preso en Panamá.

Es sin embargo, deleznable, que parte de aquellos que encabezan el colegio y que en su mayoría integran las jefaturas de prensa de las dependencias de gobierno, se erijan como “un cuerpo colegiado con autoridad ética”, y que apoyen la reactivación de la antiética Ley Borge. Sus argumentos son, si no risibles, inverosímiles: que participaron en el diseño, construcción y redacción de esta ley, cuyo trabajo, afirman, no viene de la administración pasada, viene de años mucho más atrás. Si así hubiese sido, ¿en dónde estuvo su voz cuando Roberto Borge logró el despido de periodistas en distintos medios; en dónde estuvo su posicionamiento ante la clonación de revistas y los ataques a periodistas y a sus medios digitales, de uno de los peores gobernadores que Quintana Roo ha tenido en su historia?

Ningún periodista que busca crecer rechaza los objetivos loables de capacitación y de elevación de su nivel profesional que propone el colegio, pero disfrazar ese discurso aspiracional con el apoyo a  la Ley Borge considerándola de avanzada, es aberrante.

La Ley Borge no garantiza ni en su momento garantizó la defensa de aquellos periodistas perseguidos por un régimen corrupto. Por eso afirmar, como lo hace ligeramente el colegio, que  la Ley federal no puede ni con sus asuntos –mucho menos la local que sigue vigente, por cierto- habla de una insensibilidad monumental, entendible para quienes solo han visto el periodismo desde la comodidad de una oficina en alguna dependencia de gobierno.

El colegio está mal informado con esta vergonzosa ley. Algunos de sus integrantes pasan por alto que tras el asesinato del reconocido periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, la presión del gremio a nivel nacional para esclarecer este y otros crímenes contra periodistas, obligó al gobierno federal a conformar unidades de enlace en las 32 entidades federativas del país. En Quintana Roo, el enlace es Joaquín González Castro, “El Quino”, quien no se ha dignado a informar de su nombramiento al gremio, solo porque apoya la reactivación de la Ley Borge.

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