El gobierno que encabezó Roberto Borge Angulo no sólo afectó las finanzas estatales como hemos podido constatar desde hace algunos meses, sino que también provocó un enorme daño a la economía familiar de los trabajadores, en particular a quienes laboran en el sector educativo.

Los funcionarios que dirigieron la Secretaría de Educación y Cultura, el Colegio de Bachilleres y el Conalep, actuaron impunemente en contra de los empleados de la manera más deleznable posible: afectando su patrimonio al hacerles descuentos vía nómina pero sin que éstos se reflejaran en las cuentas de las empresas acreedoras.

Como era de esperarse, al paso del tiempo los adeudos de los trabajadores se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron, hasta alcanzar montos muy por encima de la capacidad del deudor para devolverlos, y que hoy es motivo de gran preocupación para cientos de personas timadas por funcionarios sin escrúpulos.

Los desfalcos cometidos contra los empleados ascienden a casi mil millones de pesos sólo en las tres instituciones educativas antes mencionadas; los trabajadores están a punto de perder lo poco que les queda de patrimonio debido a la voracidad sin freno de “servidores públicos” que actuaron por cuenta propia o siguiendo alguna consigna del entonces gobernador.

Hace unos días se dio a conocer que se han girado órdenes de aprehensión en contra de varios exfuncionarios muy cercanos a Roberto Borge Angulo, quienes deben ser llevados ante la justicia sin mayores miramientos.

A los exfuncionarios que se aprovecharon de su cargo para robar impunemente a los trabajadores del sector educativo se les debe aplicar la ley, tienen que pagar el daño que ocasionaron, no debe haber ni perdón ni olvido y mucho menos borrón y cuenta nueva.

Los empleados que tienen encima a los acreedores, incluso con la amenaza de embargarles sus bienes, son víctimas de sinvergüenzas vestidos de funcionarios que desviaron recursos para favorecer sus intereses personales o como siempre han dicho los ciudadanos, para pagar campañas políticas de los candidatos del PRI que son muy dados a ese tipo de abusos.

En los últimos días se han vertido todo tipo de críticas hacia el gobierno actual por su aparente falta de interés para solucionar los múltiples problemas ocasionados por el abuso de poder del anterior gobernador y de sus colaboradores.

Tales señalamientos deberían estar dirigidos más bien a los verdaderos culpables, a aquellos personajes venales y corruptos que utilizaron su paso por el gobierno para amasar fortunas mal habidas.

Hay que insistir, eso sí, en que el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González busque una alternativa viable para apoyar a los trabajadores que fueron engañados de la manera más vil durante una administración estatal corrupta, mezquina, insensible e hipócrita.

Creemos que el gobernador tiene esa sensibilidad, pero sobre todo el compromiso de no permitir que siga haciéndose más grande la deuda de los cientos de empleados que actuaron de buena fe y que al final fueron víctimas de delincuentes de cuello blanco.