Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Uno de por lo menos 19 juicios de amparos en busca de la revocación de 34 patentes de fedatarios, promovidos por la presunta omisión de la expedición de los decretos de nueva creación de las notarías públicas 90 a 124 en Quintana Roo, aún está vigente en el Poder Judicial de la Federación (PJF), pero se espera que también sea sobreseído al no lograr acreditar el interés jurídico, es decir, el proceso para los demás fue suspendido por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.

La polémica firma Espinosa y Tzuc Abogados, representa a los 34 titulares ante la autoridad federal, por lo cual al intentar entrevistar a Alejandro Tzuc, se negó a proporcionar información relativa a sus clientes, pero indicó que el procedimiento “aún se encuentra pendiente de resolver por la juez Tercero de Distrito, en virtud de diversos recursos promovidos por los terceros interesados, los cuales resultan ser de previo pronunciamiento para que se dicte la resolución de fondo”.

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Se trata del expediente 1267/2016 en materia administrativa que promovió el Consejo Directivo del Consejo de Notarios de Quintana Roo (Cdnqroo), en contra del nombramiento de 34 fedatarios durante el último año del ex gobernador Roberto Borge Angulo, que fue presentando el 5 de septiembre del año pasado y admitido un día después en la Mesa I del Juzgado Tercero de Distrito.

El Cdnqroo apeló a los artículos constitucionales 1, 14 y 16, ya que el PJF en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, estos presuntamente violentados porque no se dio cumplimiento a las formalidades de la Ley del Notariado del estado, en ese sentido, se promovieron diversos juicios de amparo en los juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de Distrito, todos ellos por conducto de diversos licenciados en derecho.

Sin embargo, al menos 18 amparos fueron sobreseídos porque no les asistió el interés jurídico para impugnar los nombramientos, puesto que quien los promovió y de apego con la sentencia del juez no les causó ningún perjuicio sino por el contrario se benefició a la población quintanarroense con el objeto de dar certeza jurídica sobre los actos que realizan y que a razón del crecimiento poblacional son necesarias.

En su momento, los quejosos promovieron recursos de revisión en contra de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito pero estas fueron confirmadas por los Magistrados de los Tribunales Colegiados en Quintana Roo, en virtud de que no les asistió el interés legítimo para buscar dicha revocación sobre las nuevas designaciones.

A pesar de que se logró una suspensión provisional bajo el recurso de queja 160/2016, el Juzgado Tercero de Distrito negó la suspensión definitiva sobre el único amparo en trámite (1267/2016), y se espera sea sobreseído en un lapso no mayor a dos meses, aunque llegado el momento y con base a la sentencia cada parte puede apelar al recurso de revisión.

No obstante, que el expediente fue admitido asistiendo al derecho de los presuntos afectados pero conforme se desarrollan las diligencias, se han aportado pruebas que evidencian la falsedad en algunas declaraciones dentro del proceso de otorgamiento, tal es el caso de la convocatoria emitida para los aspirantes a ejercer la función de notario y actas sobre el examen de oposición de los interesados, en este último figura la firma Angulo Sala, en su calidad de jurado.

En ese sentido, asiste la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación a su diverso numeral 17, que interpretados conjuntamente establecen que se debe promover un juicio de amparo dentro de los primeros 15 días siguientes tras tener conocimiento sobre los actos reclamados, en ese sentido, desde abril de 2016 Angulo Sala debió apelar a la protección de la justicia federal y no hasta el mes de septiembre, prácticamente el último mes de la pasada administración.

Pese a que la jueza Tercera de Distrito aún no resuelve sobre el caso, en el apartado de transparencia del portal de la Secretaría de Gobierno (Segob) los 34 nuevos titulares ya forman parte del directorio de fedatarios públicos en Quintana Roo, y algunos de ellos ya se encuentran en funcionamiento o en el proceso para hacerlo, por lo que la administración del jefe del Ejecutivo ya dio por sentada la operación e incorporación de estos profesionales del derecho investidos de la fe pública.

Sin embargo, fue revocada recientemente la patente de fedatario público a Jorge Delgado Ramírez, titular en notaría número 116, presuntamente bajo un proceso administrativo por no cubrir las formalidades para iniciar operaciones en tiempo y forma, según el artículo 163 del marco normativo vigente, publicado el pasado 6 de octubre, en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Al respecto, el titular de Gobierno, Francisco Xavier López Mena, declaró que “hay dos notarias a lo largo de nuestro ejercicio como Secretaría de Gobierno que han sido revocadas ya, en los dos actos administrativos de revocación se hicieron conforme al derecho, se fundaron, se motivaron, se le notificaron, ambos notarios han recurrido a una instancia legal a la que creen que tienen derecho y nosotros respetamos eso y estaremos pendiente”.

Será hasta que no se cuente con una resolución contraria que tanto el notario número 1 como 116 están fuera para ejercer de sus facultades como fedatarios porque han sido revocados sus nombramientos, ya que “uno de ellos tuvo que ver que era notario al mismo tiempo en otro estado y otro tuvo que ver con que no cumplió con las formalidades una vez que obtuvo su patente notarial”.