El juicio político en México se ha convertido en herramienta de intimidación, descrédito y ataques entre la clase política nacional. Fue concebido como derecho ciudadano para exigir rendición de cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos, pero históricamente se ha quedado en el limbo. Hoy se sabe que por ejemplo en el caso del estado de Quintana Roo se iniciaran juicios políticos en contra del ex titular de SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, así como para los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín; este último se torna difícil que pueda proceder debido a que es un funcionario federal que con un buen abogado y amparo podría por lo menos pausar el seguimiento de dicho juicio.

Lo anterior deja al descubierto la inefectividad de esta figura establecida en el país para castigar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Para decirlo en términos simples y llanos: el problema del juicio político es que es político y no apartidista o jurisdiccional. El tema nos conecta con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, en donde, como sabemos, existen tres tipos de responsabilidades: la política, la penal y la administrativa. Sin embargo, este sistema, más que ser de responsabilidades, más bien es el régimen de impunidades de los servidores públicos.

Muchas son las denuncias y nulas las sentencias condenatorias. Es un procedimiento creado a modo para que quienes detentan el poder evadan su responsabilidad. También sirve para expulsar traidores a los intereses de la élite.  Los juicios políticos responden a criterios de conveniencia política, según la voluntad del órgano controlador. La sanción puede ser: destitución o inhabilitación para ocupar otro cargo. En el caso del juicio político, para que funcione se requiere que el órgano sancionador no esté integrado por políticos, sino por profesionales del derecho y ciudadanos sin partido, en cuya integración intervengan los poderes Legislativo y Judicial así como las universidades. 

El juicio político se instauró con la Constitución de 1917 para sancionar “los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. A pesar de la amplia evidencia de que muchísimos servidores públicos han causado daño en las últimas décadas, son pocos los casos de juicio político que han sido admitidos a trámite por aunque no recuerdo ninguno de ellos que haya concluido con la destitución o inhabilitación de algún funcionario. 

Muchas solicitudes de juicio quedan sin materia porque los funcionarios denunciados dejan de serlo o incluso fallecen; algunas de ellas carecen de elementos o pruebas suficientes. Lo anterior sumado a la complejidad del procedimiento y a la misma voluntad política de varios actores, hacen de este mecanismo a nivel nacional un simple instrumento de ataque político y mediático, esperemos que me equivoque. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Cuarto establece cuatro tipos de responsabilidades de los servidores públicos: la política, la penal, la administrativa, y la civil. De éstas, sólo en las dos primeras se requiere de la intervención del Poder Legislativo para proceder contra un funcionario. El juicio político, que concierne a la responsabilidad política, no es para “desaforar” a un funcionario para que pueda ser procesado por la comisión de algún delito, sino más bien para destituirlo de su cargo o inhabilitarlo por cierto período de tiempo para el ejercicio de cargos públicos posteriores, por haber realizado “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

Por ejemplo, en el Congreso de la Unión existen más de 300 denuncias que no han sido tramitadas ya que en su momento no integró el organismo que debe hacerlo. Es decir en México nunca se ha llevado a cabo un juicio político desde que la actual Constitución entró en vigor.