No, no es solamente una cuestión de legalidad la entrega de la licitación para la elaboración de uniformes escolares de Quintana Roo a una empresa poblana, es también un asunto de reactivación económica, de fomento al empleo, de apoyo a empresarios locales que durante las dos últimas administraciones sólo han visto “pasar” las oportunidades económicas y, que por ahora, seguirán haciendo lo mismo.

Desde el inicio de la administración de Carlos Joaquín González, la Oficialía Mayor de su gobierno ha lanzado medidas que han sido, por decir lo menos, “poco comprendidas” por la población, particularmente la del sur, pues en los primeros meses hubo numerosos despidos de personal, cuando el compromiso en campaña fue no realizar dichas acciones, mientras el titular de esa instancia, Manuel Alamilla Ceballos, ha sido señalado de favorecer a empresas de sus familiares con las compras gubernamentales y hasta con la integración a la nómina gubernamental de diferentes allegados.

Y todo transcurría con relativa normalidad, hasta que la Comercializadora Adicon S.A. de C.V. fue favorecida con la licitación para elaborar uniformes escolares de Quintana Roo por un monto superior a los cien millones de pesos, cuando una fábrica de Chetumal compitió por la misma, pero el argumento para no otorgarle el trabajo fue que el color del escudo de Quintana Roo no correspondía a los colores oficiales. ¿Nota alguna diferencia entre ambas empresas? La primera sólo “comercializa” y la segunda elabora los uniformes; así que las playeras que portarán los estudiantes quintanarroenses pueden tener cualquier origen –como el chino, que ya se rumora así será, pues contenedores de ese país ingresaron a la Zona Libre de Belice para ser enviados a Puebla-

El colega Carlos Pérez Zafra, realizó recientemente una interesante nota televisiva en la que explica que, en la administración de Roberto Borge Angulo, empresarios favorecidos con diversas licitaciones realizaban la misma operación que al parecer ahora realizará la empresa poblana, para surtir de uniformes a Quintana Roo, la pregunta es ¿Quién desde este estado le daría el “tip” a los suertudos poblanos que ganaron la licitación para ingresar mercancía desde la Zona Libre del país vecino de Chetumal?

Ante la falta de claridad, las especulaciones pueden ser infinitas, pero bastan las anteriores para darse cuenta que no es sólo cuestión de legalidad, sino de visión gubernamental, y no hablemos ya de la falta de apoyo a empresarios locales que seguirán esperando la reactivación económica prometida; por cierto, ¿será que por la fúrica reacción local, el oficial mayor decidió, en días anteriores, declarar que no buscará ningún cargo de elección popular en 2018?

Por cierto, en redes sociales ha habido también otro tipo de cuestionamientos, como que la empresa que recientemente elaboró las placas vehiculares cometió una falta aún mayor, como no incluir los once rayos de sol en el escudo estatal, que simbolizan el número de municipios, pues sólo colocó ocho de ellos, pero aun así las placas han sido entregadas y no se canceló contrato alguno; ¿por qué entonces el rasero tan diferente cuando empresas locales concursan por obtener trabajos “legalmente” concursados?

Dijo, por último, el oficial mayor, que lo ocurrido con la licitación de uniformes deberá servir de lección para el empresariado local, para que se prepare para competir en el concurso del próximo año, pero la enseñanza mayor debiera ser precisamente para los funcionarios, pues queda claro que a los empresarios y ciudadanos no es tan sencillo engañarlos, así que en el resultado del 2018, ojalá se argumente de manera más sólida la adjudicación de licitaciones a empresas poblanas, no solamente por el “color de los rayitos”; pero de que no hay reactivación económica en el sur quintanarroense, no la hay; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.