En los siguientes días, el Congreso de Quintana Roo deberá recibir del gobierno estatal el proyecto de la Ley de Ingresos 2018, documento fundamental para definir los recursos con los que se contará para operar la administración pública en el siguiente ejercicio fiscal, pero antes de ello, la XV Legislatura debiera abordar temas que la coyuntura ha puesto como prioritarios, desde la Ley de Movilidad –para regular de una vez por todas la operación el servicio de transporte brindado por plataformas digitales como Uber- y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estatal, para que el gobierno local defina la manera en que protegerá a los que se dedican a este oficio, a propósito del ataque a balazos a un medio de comunicación peninsular y las amenazas a colegas en activo.

La semana que pasó estuvo marcada por eventos lamentables, pero más allá de la reprobación pública, evidenciaron la enorme necesidad de contar con normatividades efectivas que posibiliten la gobernabilidad, pues el enfrentamiento entre taxistas y el chofer de Uber que terminó en la muerte de un integrante del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, hubiera podido evitarse si el Congreso local ya hubiera aprobado la Ley de Movilidad que permitirá armonizar la prestación del servicio de transporte en la entidad, incluyendo la operación de las plataformas digitales como Uber y Cabify; ciertamente, habrá que conocer las condicionantes que se establecen para dichas empresas, pero sobre todo obligará a instancias como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) a que actúe y deje de simular que realiza operativos, cuando son los taxistas quienes agreden a diestra y siniestra a todos aquellos que consideran una competencia desleal.

Otro de los pendientes es “descongelar” la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, fundamentalmente porque el gobierno debe definir los protocolos de actuación en el caso de crímenes específicos; ciertamente, en un país en el que lo más cuestionable es la capacidad del Estado de garantizar la integridad de sus ciudadanos, la aprobación de leyes pudiera parecer una cuestión secundaria, pero si a la incapacidad de operación se añade la inexistencia de procedimientos, lo único que queda es la barbarie y la ley del más fuerte; baste como ejemplo el caso de los feminicidios –tema en el que por cierto, Quintana Roo también tiene pendientes con la sociedad-, sin los procedimientos definidos para la investigación de asesinatos de mujeres, sería fácil seguir escondiendo el problema calificándolo de “hechos fortuitos.”

2017 se acaba y los pendientes de la Legislatura se abultan, pues a los temas de coyuntura se suman otros como los juicios políticos que se iniciaron en contra de los funcionarios de la administración de Roberto Borge, quedaron inacabadas las comparecencias de los actuales integrantes del gabinete para ampliar la glosa del primer informe de gobierno de Carlos Joaquín González, y ahora tendrán que iniciar el análisis del presupuesto 2018; pero es fundamental recordarle a los legisladores que, además de los intereses superiores del gobierno, es menester suyo atender la gobernabilidad y aprobar las leyes que armonicen las relaciones sociales, pues no puede –y no debe- concebirse al Congreso local como un ente independiente del gobierno; por el contrario, es su labor co gobernar.

Los enfrentamientos entre taxistas y Uber no se frenarán hasta que haya una normativa efectiva; y las investigaciones y protección a medios de comunicación serán reales sólo en la medida en que el gobierno quintanarroense defina los protocolos de actuación para ello, de lo contrario la promesa de seguridad para todos no dejará de ser un discurso hueco que a nadie convence, pero sobre todo que a todos afecta cada día más; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.