Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los tentáculos de la corrupción al interior de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje (JECA), radicadas en Benito Juárez y Solidaridad, no sólo alcanzaron a nueve notarías públicas distribuidas en Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres, sino que también se han identificado al menos seis despachos, que mediante la simulación de poco más de 45 juicios laborales apócrifos, además del expediente 392/2010 en contra de Maioris Cancún S. de R.L. de C.V., afectaron el patrimonio de personas morales (compañías) y físicas con actividad empresarial.

El daño se reflejó en el despojo de más de 30 bienes inmuebles, entre departamentos condominales, casas y terrenos, así como el congelamiento o embargo de cuentas bancarias por un monto superior a 50 millones de pesos, a favor de 23 “presuntos” trabajadores quienes interpusieron la demanda laboral por despidos injustificados, informó Catalina Saarvelia Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) en la entidad.

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El contubernio que existió entre abogados y María Elide Medillen Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Ernesto Rosado Sauri y Roberto Ibarra Morales, expresidentes de la Junta Especial número uno, dos, tres y de Conciliación y Arbitraje, en Cancún y Playa del Carmen, respectivamente, detonó que Merlín León Cornelio, María Guadalupe Ramos Santiago, Eva Peralta Ríos y Julio Antonio Méndez Rodríguez, titulares de las JECA en Benito Juárez y Solidaridad, emprendieran cuatro acciones legales por probables delitos de peculado e infidelidad y custodia de documentos, que se sumaron a dos denuncias penales ordenadas por el Tribunal Colegiado, ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, la simulación de actos jurídicos dentro de juicios laborales apócrifos permitieron el despojo de cuatro hoteles, en Tulum, exclusivos departamentos bajo el régimen condominal en Cancún y predios de mayor plusvalía, en Playa del Carmen.

La afectación fue directa al patrimonio de empresarios locales e internacionales, además del congelamiento o embargo de cuentas bancarias en perjuicio de empresas nacionales, dos de ellas cotizan actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como son la desarrolladora Planigrupo y Grupo Pochteca.

Será la Fiscalía conforme a pruebas documentales e integración de las carpetas de investigación la que determine el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los involucrados, como son abogados, “presuntos” trabajadores, notarios públicos y exservidores públicos de las Juntas Especiales, expresidentes, secretario general, secretario de acuerdos y actuarios, en tanto, la Secretaría del Trabajo dio vista a la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) para que inicie el procedimiento administrativo y determine la sanción, en su caso se busca la inhabilitación.