Justifican presunta ‘violación de libre tránsito’ tras desalojo en Solidaridad
Secretario indicó que los policías cumplieron órdenes del mandato judicial a una persona con sentencia de un juicio civil.
Tras supuestos abusos de autoridad en un acto de desalojo efectuado por la Policía de Solidaridad, el secretario general del ayuntamiento justificó que sólo realizaron el acompañamiento ordenado por la autoridad judicial.
Luis Herrera Quiam, secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, dijo que ellos sólo cumplieron órdenes del mandato judicial contra una persona que tenía una orden de desalojo por una sentencia de un juicio civil en materia de recuperación de inmueble dictado por un juez local de Playa del Carmen.
Aunque este día se reportó que policías de Solidaridad impidieron el ingreso de varios habitantes a sus domicilios del fraccionamiento Misión del Carmen, quienes eran ajenos a un acto de lanzamiento ordenado por el juez civil de esta ciudad.
De acuerdo con testimonios, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Misión del Carmen este martes alrededor de las 11 horas, donde llegó un actuario del Poder Judicial de Quintana Roo.
No obstante, el desalojo pasó a segundo término porque los Policías de Solidaridad acordonaron en un radio a la redonda de alrededor de 300 metros, que impidió a propietarios ajenos al hecho, acceder a sus hogares.
La queja fue generalizada porque por un tiempo aproximado de dos horas, las personas no pudieron llegar a sus casas. Algunos de ellos reclamaron la violación del derecho al libre tránsito con una afectación directa para llegar a sus trabajos.
“Esto ocurre con un acompañamiento que viene ordenado por un juez, entonces nosotros hacemos trabajo de acompañamiento de un juez mientras viene la orden de desalojo”, sostuvo Herrera Quiam.
En las últimas semanas, la Policía de Solidaridad ha emprendido acordonamientos más alejados del punto afectado. Ha ocurrido en otros desalojos cuando sólo se acordona la casa objeto del proceso legal, que los vecinos impiden el acto.
En esta ocasión la persona afectada, de acuerdo con reportes, fue desalojada debido a que una suspensión de amparo no tenía efectos debido a que no pagó la garantía solicitada por un juez federal.