La agenda legislativa presentada por la XV Legislatura de Quintana Roo fue anunciada como un proceso en el cual la ciudadanía expresó su voluntad para transformarla en leyes, el documento –se supone– aglutina las aspiraciones y demandas de una sociedad que busca transformar su entorno para acceder a mejores estadios de bienestar, pero lo importante no es el documento en sí mismo, sino los resultados que al final se ofrezcan a quienes pidieron soluciones, porque en los dos años por transcurrir, pretextos pueden sobrar.

Por ejemplo, habrá que ver la reacción en la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), sus directivos, académicos, alumnos y ex alumnos, pues por primera vez se discutirá la posibilidad de brindar autonomía a la máxima casa de estudios quintanarroense, los diputados han cumplido con dar entrada a la iniciativa, a la ciudadanía corresponde vigilar, presionar u orientar el sentido que tenga dicha propuesta.

En la agenda se incluyeron infinidad de demandas cuya puesta en marcha, de aprobarse, no se explican en el documento, por ejemplo, se propuso que se promocione el “fortalecimiento de políticas encaminadas al cuidado, conservación, preservación, fomento y protección de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, ‘Capital de la Cultura Maya de Quintana Roo’”, sin especificar los recursos y tareas que deberán disponerse para tal efecto; de ahí que el proceso legislativo sea un proceso que exige constante interactuación, involucramiento social, gobernanza pues.

El documento de 112 páginas –aunque sólo 20 de ellas corresponden a las propuestas ciudadanas– integra también las agendas presentadas por las fracciones parlamentarias y los partidos políticos, e incluso iniciativa del Poder Ejecutivo como la modificación normativa para que las concesiones para transporte de pasajeros no sea más una facultad discrecional del gobernador del estado, y la creación de diversas dependencias como Instituto Estatal de los Adultos Mayores; el de la Juventud, el de atención para las comunidades indígenas y hasta el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad; todo esto parece tema menor, pero es fundamental el seguimiento para poder conocer el personal y presupuesto que se les asigne, en tiempos en que la disponibilidad de recursos es difícil, si se considera que la administración de Carlos Joaquín González apenas está avanzando en resolver la severa crisis estatal.

En lo que se refiere a la reforma del Estado, a la XV Legislatura corresponderá aprobar la desaparición de la Gran Comisión en el Congreso del estado, para conformar una Junta de Coordinación Política, como existe ya en la mayoría de las entidades federativas; la reducción en el número de diputados plurinominales, tema este último que supondrá enormes dificultades, considerando que la Constitución federal establece los porcentajes de conformación (60 por ciento diputados de mayoría y 40 por ciento de representación proporcional) y además porque, hasta ahora no se contempla la creación de más distritos locales, por ello será importante conocer la manera en que se asignarán ahora las diputaciones.

Ahora bien, desde 2001 en Quintana Roo existe una Ley del Servicio Profesional de Carrera, misma que nunca ha sido aplicada por inexistencia de reglamentos y falta de voluntad de los gobernantes; hasta ahora por cierto, que la administración estatal ha anunciado la intención de ponerla en acción, y ante ello en la agenda se ha propuesto actualizar la norma y contemplar tanto a los trabajadores estatales como municipales.

Esta norma pudiera representar una favorable protección de las plazas laborales para la burocracia, pero será importante saber los niveles contemplados, la manera de acceder a los espacios laborales y las posibilidades de ascender, pues si se termina favoreciendo a grupos minoritarios en cargos de alto nivel, en realidad supondrá la imposibilidad de mejorar a partir de la formación profesional.

Todo lo anterior son apenas muestras temáticas que deberán atenderse en los siguientes dos años, a ello se sumarán las solicitudes del Ejecutivo, las prioridades que se den a tareas como los juicios políticos, y las reformas que deban homologarse en la entidad por lo aprobado en el Congreso federal.