El ingrediente principal de la inseguridad que vivimos es la impunidad de la que gozan sicarios, traficantes y corruptos, no desde esta administración, sino desde hace muchos años. Saben que la probabilidad de ser capturados, denunciados, juzgados y condenados por sus delitos es bajísima, y si sucede, escaparán en un "descuido" o la rigidez de su condena será acortada por "buena conducta" o aliviada por la corrupción imperante en los penales.

Además, desde hace aproximadamente 10 años vivimos una crisis de secuestros, trata de personas y otras graves situaciones que amenazan no solo la paz y estabilidad social, sino el desarrollo económico del país. Las acciones que se han implementado en el gobierno de Carlos Joaquin González para prevenir los delitos han sido precisas, sin embargo la percepción de la ciudadanía sigue siendo el que no se está actuando, y es entendible, ya que el tema de seguridad fue abandonado por completo en administraciones pasadas donde solo se dedicaron a desviar recursos públicos de programas específicos para la prevención del delito.

¿Cuál es el motivo de esta inseguridad?, ¿de quién es la responsabilidad de erradicar la violencia en la sociedad? La realidad es que todos tenemos que asumir cierto compromiso para lograr una cultura de paz y legalidad, tanto gobierno, como empresas y sociedad civil formamos parte de un tejido social que es necesario fortalecer y librar de corrupción.

El tema de la inseguridad es complicado, sin embargo creo que para evitar los altos índices que existen en el tema es necesario evitar la deserción escolar y generar oportunidades de educación, tanto en acceso y calidad educativa, que faciliten un círculo virtuoso en el que el joven se desarrolle y participe en el modelo productivo, mejorando su calidad de vida, de su familia y le hagan un potencial empresario y empleador. En lo anterior se ha fallado dejando a la deriva a millones de jóvenes que al no tener en que aplicar su tiempo buscan lo fácil que es delinquir. 

Para lograr esta cultura de paz y legalidad tan anhelada es necesaria la participación de todos. Lo cierto es que dejar el trabajo en manos de las autoridades, esperando que se resuelvan los problemas se ha demostrado que no es una opción. La respuesta está en la cooperación, la concientización y el interés por parte de los distintos actores que formamos parte de esta sociedad. 

Y es que no es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades el poder prevenir los delitos comunes y más graves que se cometen día a día en el país y en la entidad. Por supuesto que es necesaria la cultura de la prevención del delito, pero sobre todo la intención de contribuir a crear estrategias más inteligentes y efectivas para evitarlos.

Hace falta que los ciudadanos participemos y apoyemos más las acciones del gobierno para contrarrestar los efectos.  Porque, insisto, todo mundo critica pero nadie propone acciones inteligentes encaminadas a terminar con la delincuencia.

Para que nos demos una idea el costo de los delitos anuales en México ascienden a poco más de 230 mil millones de pesos, que representan el 1.25 por ciento del producto interno bruto nacional, lo que equivale a 5 mil 900 pesos por cada persona afectada por la inseguridad y el delito.

Los efectos del delito y de la violencia son muy perniciosos, ya que no solamente inciden en la descomposición del tejido social, pervierten los procesos económicos, sino que degeneran también los valores de la convivencia razonable y civilizada de la sociedad. La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas causadas por diversos factores de riesgo, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito, también es necesario prevenirlos abordando las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.