Benjamín Pat/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La presidenta municipal, Laura Beristáin Navarrete, mantiene a Solidaridad sumido en deudas que alcanzan los 468.7 millones de pesos, entre ellos proveedores locales y contratistas de obra pública que llevan meses esperando el pago de sus servicios.

A sólo un año de asumir el cargo, Beristáin Navarrete ha incrementado la deuda pública del municipio hasta cerrar en los mil 137.6 millones de pesos, según el más reciente informe financiero con corte al 30 de septiembre.

Aunque la mayor parte corresponde a la deuda a largo plazo heredada de administraciones anteriores, más de 415 millones de pesos corresponde a cuentas por pagar a corto plazo, es decir, servicios y adquisiciones realizadas por Laura Beristáin, algunos desde el primer día de su administración y que hasta la fecha no han sido liquidadas. Los otros 53 millones son créditos emergentes contratados con bancos.

Aunque no existe un detalle de a quiénes se le debe el dinero, el documento expone que en el caso de Cuentas por Pagar, más de la mitad, 275.5 millones, corresponde a proveedores o empresas que vendieron algún servicio.

En esa lista también figuran los propios trabajadores del municipio, con 51.1 millones de pesos en retenciones y contribuciones pendientes de pagar.

Ese rubro representa dinero que fue descontado de los salarios de los empleados por el concepto de Issste, impuestos y por algún crédito personal, pero que no ha sido entregado a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Mientras contratistas y proveedores de Playa del Carmen siguen esperando el pago del ayuntamiento, el mismo informe denominado “Notas a los Estados Financieros”, revela que otras empresas sí mantienen beneficios ante el municipio.

El apartado Derechos a recibir bienes y servicios señala que el ayuntamiento pagó por adelantado 89.9 millones de pesos por obras que no se han ejecutado, además de otros 82.3 millones de pesos por la adquisición de bienes y servicios a pesar de no haberlas recibido.