Una vez que la reforma constitucional local que eliminó el requisito de residencia para el fiscal general de la entidad se ha consumado, a la sociedad entera; todos sus sectores y profesionistas, les queda la enorme lección de repensar el tipo de burocracia que se desea perpetuar, sus procesos e indicadores, porque hasta ahora en la disputa entre detractores de la modificación y sus promotores, ha estado ausente el mérito como factor para la designación.

Modificar la constitución sólo posibilitó que profesionistas de otras partes del país lleguen a competir por el cargo de fiscal –y si traen planes, programas y les caracteriza la capacitación, este escribiente ha recalcado que apoya la medida-, lo cual a grupos de profesionistas y ciudadanos ha molestado, pues argumentan que se debe privilegiar a los locales, y que además, antes de lanzar la medida no se hizo un proceso de auscultación; en contraparte, algunos de los legisladores, impulsores de la medida, aseguran que al eliminar requisitos hay una mayor posibilidad de encontrar al personaje idóneo que contribuya a disminuir la violencia que, tan sólo en el presente año, se ha dejado sentir con unos 500 asesinatos violentos, principalmente en la zona norte.

 Y a ambos les asiste la razón en parte, pues es claro que con la modificación normativa el universo de aspirantes puede ser mayor y mayor también la posibilidad de designar al profesionista idóneo, pero también los locales tienen el legítimo derecho de aspirar a cargos de primer nivel en su terruño; pero, y si en lugar de ceñir la designación al origen geográfico se modificara la norma para que fuera el mérito, la preparación, los estudios y trayectoria profesional el elemento central, ¿no considera el lector que el futuro sería diferente? Insistir en anacronismos como el localismo, equivale a perpetuar viejos vicios como “el palancazo” o la designación “por ser de apellido”, “allegado”, “compadre”, “compañero de partido y luchas políticas”, y ante esas torcidas prácticas, no hay esfuerzo profesional que valga… y la mala y viciosa permanece intocada.

 Quintana Roo ha tenido intentos –que no han pasado de eso- de constituir servicios civiles de carrera, sin ir más lejos, la actual administración estatal se comprometió a hacerlo, para que “nunca más alguien sienta amenazado su trabajo por cambios de gobierno”, dijeron, pero iniciado el tercer año de gobierno es aún una asignatura pendiente, ciertamente, se ha puesto mayor énfasis en la capacitación, pero no en la definición de un “escalafón” que permita ascender de acuerdo a la preparación y desempeño.

 Finalmente, son justamente ese tipo de inexistencias normativas las que generan que proceso tras proceso electoral el país, la entidad, el municipio se reinventen pretendiendo derruir todo rastro del antecesor y la llegada al gobierno se asume como el reparto del botín entre los guerreros de la batalla; así que el escribiente insiste, la lección, si se aprende, es que se comience a valorar más el mérito que el origen, porque la próxima vez que usted salga a manifestarse en contra de modificaciones como la aprobada, muy probablemente, en lugar de defender un espacio laboral para los suyos, le esté garantizando el “palancazo” a alguien que sí sea de apellido “fifí”, ahora que está tan de moda el término; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.