18 de Noviembre de 2018

Cancún

Solicitan destituir a Carlos Lima

El magistrado no presentó su declaración patrimonial inicial.

El pleno del Concejo de la Judicatura aprobó enviar al Congreso el expediente de Carlos Lima. (Foto: David de la Fuente)
El pleno del Concejo de la Judicatura aprobó enviar al Congreso el expediente de Carlos Lima. (Foto: David de la Fuente)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Poder Judicial del Estado entregó al Congreso del Estado, el expediente de la resolución donde solicita al Poder Legislativo, aplicar la destitución del magistrado Carlos Lima Carvajal por incumplir con su declaración patrimonial.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso local, indicó que el pasado 14 de marzo fue entregado el expediente en la Oficialía de Partes, donde se pide que se emita la determinación correspondiente.

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El asunto será analizado la próxima semana, poniendo énfasis en cada uno de los elementos planteados por el Tribunal Superior de Justicia y determinar si son válidas o no cada una de las pruebas.

“Primero se revisará el documento y después determinaríamos la creación de una comisión investigadora que analiza a fondo el tema, mediante la revisión de cuestiones legales, citatorios al magistrados y demás elementos”, destacó el entrevistado.

En su oportunidad, la Comisión Investigadora deberá plantear al pleno del Congreso Local, el dictamen correspondiente sobre la procedencia o no, de la destitución solicitada por el Poder Judicial.

El pasado 3 de marzo, el pleno del Concejo de la Judicatura aprobó enviar al Congreso el expediente de Carlos Lima, al considerar que incurrió en violaciones al artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Lima Carvajal no presentó dentro de los 60 días posteriores a su entrada en funciones, la declaración patrimonial inicial, acto considerado por el Concejo como injustificado, por lo que la sanción, según la legislación, es la pérdida del nombramiento.

El magistrado fue designado apenas en 2016, como parte del llamado “paquete de impunidad” del ex gobernador Roberto Borge Angulo. Previamente ocupó el cargo de director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), institución señalada durante la administración anterior como copartícipe de los procesos de despojos de inmuebles y demás propiedades en la zona norte de Quintana Roo.

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