Por estos días se desarrollan los tres foros de consulta programados sobre la “Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de Quintana Roo”: el 20 fue en Chetumal, el 22 será en Felipe Carrillo Puerto y el 24 en Cancún. Convoca el Congreso, en voz de la diputada Eugenia Solís, de acuerdo con sus facultades.

Como en la mayoría de los hitos del gremio periodístico, este no ha estado exento de discusiones, por lo que además de convertirse en tema de análisis obligado, conviene dilucidar a qué se debe tal polémica.

Acerca de lo bueno, debe destacarse que la temática siga en el debate público y no en una oficina con puerta cerrada. Hoy, y desde hace algunas semanas, las aportaciones se articulan a la vista de todos, como debía ser en un asunto “de vida o muerte” para decenas de comunicadores y activistas sociales.

Por lo anterior, y considerando las bondades ya abordadas en este espacio, una ley integral como la referida no solo es necesaria, sino también oportuna y perfectible para el progreso de una profesión riesgosa (según estadísticas nacionales).

Lo malo es la forma en que fue presentada. No es cierto que la anterior ya abrogada carecía de beneficios o de visión: durante su formulación participaron periodistas de tiempo completo, investigadores y expertos, quienes fijaron las prioridades cerca del bien común. Pero el mote recibido (Ley Borge) bastó para que perdiera credibilidad, con todo motivo, aunque no con toda razón.

Sucedió que los operadores del régimen manosearon el trabajo de los especialistas para levantarse el cuello, perjudicando a los que tenían en verdad los méritos, las capacidades y las atribuciones. Aun así, el calificativo pesó más y fue desdeñada.

Y lo malo se asocia con lo feo justo en este punto: al ser menospreciada se echó en saco roto lo mismo las ideas que las motivaciones de un grupo con las mejores intenciones. “Un grupo”, cabe enfatizar, porque invariablemente se identificó a quiénes participaron antes y quiénes en el arranque de las conversiones de ahora.

Pareció entonces extraviarse el sentido real al focalizar el debate en “lo borgista”, en “grupos” (del norte y el sur), en la credibilidad de los anteriores y en la vulnerabilidad de los exponentes actuales.

Los peligros son los mismos. Los retos son compartidos. El gremio es uno. Lo peor que podría pasar es que, tanto servidores públicos como políticos con aspiraciones, manipulen a su antojo otra vez el bienestar colectivo, so pretexto de una “ley salvavidas”.

Comunicadores (y defensores de derechos humanos, también con sumo interés) no deben admitir la división ni la afrenta.

Desorbitado

No se ha resuelto la invasión de un tramo de la ciclopista cancunense a la altura del Kilómetro 3 de la zona hotelera, ya que los empresarios decidieron desechar el compromiso de no tocar a un auténtico referente patrimonial e ícono de identidad como este.

Se trata de la primera en México, por lo que los promotores del arraigo, la pertenencia y la identidad le otorgan una relevancia especial al además considerado “parque lineal urbano” más grande del destino. Hablamos de gente reconocida por esa y otras causas afines, como Tiziana Roma, Tulio Arroyo o Bettina Cetto.

El 28 de mayo se reanudó dicha invasión de terreno, pero a la fecha no hay una definición convincente sobre el futuro. Los defensores no solo temen la apropiación indebida de más metros, sino lo que pudiera desatar: ocupación de terrenos baldíos, la construcción irregular sobre terrenos abandonados o la destrucción de otros sitios con valor simbólico.

Es hora de que los servidores públicos, de todos los niveles, puedan mediar –y los competentes resolver– entre estos hoteleros y los ciudadanos, hartos de presiones, vergüenzas y deshonras.