El abandono de las entidades por parte del gobierno federal ha ocasionado en las entidades turísticas un incremento en los índices de criminalidad; municipios como Los Cabos y Benito Juárez (Cancún) han sido afectados de tal manera que grupos criminales han acendrado la violencia como nunca antes, pero lejos de ofrecer soluciones la gestión de Enrique Peña Nieto sólo dio promesas, ante lo cual, gobiernos como el de Quintana Roo optaron para 2018 por incrementar el Impuesto al Hospedaje que pagan los hoteleros, lo que generó una disputa que aun no tiene visos de solución.

Desde el Tianguis Turístico de Acapulco, en abril de 2017, comenzó a especularse con el incremento del 3 al 4 por ciento del Impuesto al Hospedaje, pero como no hubo una declaración formal, funcionarios como Darío Flota Ocampo dijeron que veían “muy bajas probabilidades” de que se propusiera formalmente, como finalmente ocurrió en el paquete fiscal 2018, entregado por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, al Congreso local.

Y es que durante todo 2017 el sector turístico fue uno de los más olvidados por el gobierno federal, pues –por mencionar algo– se cancelaron las obras de recuperación de playas en 16 entidades de la República, se prometió conformar y poner a operar una policía turística que nunca llegó; en los últimos tres años los recortes presupuestales acumulados superan ya el 50 por ciento de los recursos asignados antes de la administración de Peña Nieto; y aun así México ha mejorado su ubicación en el ranking internacional en llegada de turistas, colocándose en el octavo lugar, es decir, mientras el turismo genera más recursos, el gobierno federal le asigna menos presupuesto, dejando a los gobiernos locales la responsabilidad de resolver sus problemas.

Aún más, el gobierno federal sugirió también a lo largo del año crear un gravamen aplicable a los turistas que arribaran vía aérea y lo recaudado sería aplicable a temas de seguridad, pero el titular de Sefiplan aseguró que no sería un impuesto local y aplicable hasta 2020, pero finalmente se optó por aplicarlo a los hoteleros y desde la entidad, sin ampliar la base tributaria, pero además asumiendo las críticas de los empresarios por el olvido federal, el problema entonces, además de que el cobro se aplique a “los de siempre” es que no hubo claridad en la actuación, y hasta ahí se encuentra la situación actual, que deberá resolverse antes del 15 de diciembre.

 

Comentario morboso

En marzo de 2018, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinará si aprueba la existencia de nuevos partidos políticos locales, a los cuales les exige por ley que cuenten con por lo menos el 0.26 por ciento del padrón electoral local, es decir dos mil 826 militantes; lo lamentable es que algunos de los partidos políticos nacionales y acreditados en la entidad ni siquiera cuentan con esa cantidad de afiliados.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a Carlos Joaquín González a la gubernatura; son mayoría en el Congreso local y tienen además tres de las once alcaldías, pero este último partido tiene apenas dos mil 781 militantes en toda la entidad; es decir, que si apenas fuera a solicitar su registro como partido, le faltarían 45 afiliados para lograrlo, esa es la fuerza real de su estructura; el dato se desprende de la tercera sesión estatal en la que el actual dirigente, Juan Carlos Pallares Bueno, rindió su informe de labores.

Lo anterior significa, de entrada, que los partidos que surjan tendrán una mayor fortaleza que algunos de los ya existentes, eso explica el nerviosismo y los señalamientos por aquellos que están surgiendo al “calor” de grupos políticos tradicionales. La duda es, ¿aun conociendo su debilidad estructural, los partidos tradicionales se atreven a despreciar las agendas ciudadanas y los reclamos de una mayor justicia social? Su futuro no es nada halagüeño; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.