Acusan a magistrada de vender la justicia al mejor postor

Audio y mensajes revelan que habría pactado 250 mil dólares para asegurar un litigio.

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La magistrada habría hecho negociaciones con varios personajes que aparecen en una carpeta de investigación de la FGE. (Redacción/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- La magistrada Verónica Acacio Trujillo se ve envuelta nuevamente en escándalos de presunta corrupción, de acuerdo con un audio y supuestos mensajes, en los que se habla de pagos millonarios para sacar “pendientes”.

De acuerdo con las acusaciones, la magistrada habría pactado un pago de 250 mil dólares (cuatro millones 800 pesos mexicanos) para beneficiar a una de las partes dentro del litigio legal por la posesión del hotel Secrets Silversands Riviera Maya, Resort & Spa, ubicado en Puerto Morelos.

“Salvador tenemos un acuerdo previo de gastos y honorarios por el tema penal, mismo que ya hemos cumplimentado y por el cual hoy estas adentro del hotel después de tres años… falta que me pagues el anticipo que era antes de entrar del cual hablamos, que por lo menos fueran 250 mil dólares”, se lee en uno de los supuestos mensajes.

Aunque no se revelan más datos de los otros interlocutores de Acacio Trujillo, se presume que el nombre mencionado refiere a Salvador Gómez Martínez, quien aparece en una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, junto con otros siete nombres, por el delito de despojo.

Entre esos nombres también se encuentra el de Miguel Nicolau Mesquida y sus hijos Guillermo y Miguel Nicolau Salleras, a quienes Acacio Trujillo se refiere en el audio.

Don Miguel me dijo que tiene el respaldo de otras empresas, que incluso con sus hijos lo iba a ver y no tenía mayor complicación… Como me lo puso Miguel se veía que no tenía problema con la cuestión económica y menos porque podía pedir apoyo, incluso, con sus hijos de las empresas y los aires acondicionados que tenían en España. Entonces es importante empezarlo a ver. Me súper urge”, se escucha.

El hotel es administrado por AMR Operaciones MX, cuyos accionistas son dos empresas europeas.

El litigio por la posesión de ese centro de hospedaje, valuada en alrededor de 200 millones de dólares, se remonta desde el 2008, cuando por un error de contrato, la familia Nicolau pudo aumentar su participación hasta en un 99%, dejando a la familia Lliteras, otra de las propietarias, con un 1% del negocio.

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