16 de Octubre de 2018

Chetumal

Cierran caso de magistrado que ocultó información

Fernando Gama Rodríguez inició funciones jurisdiccionales desde el pasado 8 de enero de este año.

El Congreso del Estado no puede realizar alguna modificación a la decisión tomada. (Joel Zamora/SIPSE)
El Congreso del Estado no puede realizar alguna modificación a la decisión tomada. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado está atado de manos para poder atender el caso de Fernando Gama Rodríguez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, quien ocultó información sobre el tiempo que vivió en el Estado de México.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, dijo que después de un análisis jurídico, se determinó que la Legislatura no puede realizar alguna modificación a la decisión tomada, toda vez que el procedimiento concluyó con la toma de protesta y la publicación de los nombramientos en el Periódico Oficial del Estado.

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“En el momento que se decreta y se toma protesta, en ese momento para el Congreso queda totalmente cerrado ese proceso y no se puede volver a abrir. Pasa a una segunda etapa que sería la publicación que ya se hizo también”, afirmó el legislador.

La única opción que queda es que algún ciudadano promueva alguna acción legal en contra de la determinación para que se pueda iniciar el análisis y en su caso pueda haber un procedimiento que pudiera derivar en una destitución por incumplimiento de los requisitos.

“Si siente que el procedimiento no fue apegado a legalidad o, derivado de lo que se manejó públicamente en el caso de este magistrado, consideran que faltó a la verdad, tienen a su alcance los diferentes recursos para presentarlos”, señaló Martínez Arcila.

Fernando Gama Rodríguez es uno de los cinco magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyas funciones jurisdiccionales iniciaron desde el pasado 8 de enero de este año.

De acuerdo con la información, el ahora magistrado omitió en su expediente el hecho que entre 2012 y 2015 estuvo laborando en el Estado de México, lo cual pudo haber incidido en la decisión de los legisladores, por el tema de residencia.

En su momento algunos legisladores señalaron la necesidad de que el magistrado responda a los señalamientos o que incluso renunciara por dicho acto de omisión, sobre todo porque el Tribunal es el órgano que se encargará de sancionar las conductas deshonestas de los funcionarios públicos.

 

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