Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa quieren convertir a la nueva instancia en uno de los organismos más costosos en Quintana Roo, con un presupuesto para este año de 66 millones de pesos.

Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, presidenta del organismo, confirmó que ya solicitaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) una ampliación presupuestal de 51 millones de pesos, que se sumarían a otros 15 millones autorizados en diciembre pasado.

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“Estamos conscientes de que las restricciones presupuestales han sido muy agudas a nivel de la entidad, y ya el Tribunal ha planteado la correspondiente ampliación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación”, afirmó la entrevistada.

De acuerdo con la funcionaria, el monto fue ajustado a las necesidades del nuevo órgano y para lo esencial, tomando en cuenta las condiciones en las que funciona actualmente, además de los cambios en la estructura.

“Nosotros pedimos 51 millones de pesos, en virtud de que hubo un cambio, porque la Ley Orgánica preveía dos salas regionales y una general. Al final, a través del código, hubo una modificación a cuatro salas unitarias, lo cual duplicó la necesidad que se había proyectado”, afirmó.

Después de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el Tribunal de Justicia Administrativa sería la de más presupuesto, considerando la ampliación solicitada, por encima de organismos como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP).

El Tribunal de Justicia Administrativa está integrado por cinco magistrados, de los cuales, uno de ellos está señalado de haber ocultado información para conseguir su nombramiento. Se trata de Fernando Gama Rodríguez, quien desempeñó durante varios años un cargo público en el Estado de México, pero que en el currículo entregado al Congreso esa información fue omitida.