Benjamín Pat / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso local, un recurso en contra del dictamen de la Comisión de Justicia, la cual declaró procedente un juicio político en su contra.

Vicente Aguilar Rojas, integrante del pleno del Teqroo, confirmó que se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, el cual deberá ser turnado por la Legislatura al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El argumento principal de los magistrados radica en el hecho de que, a su consideración, los integrantes de la XV Legislatura no cuentan con las facultades y atribuciones para proceder, porque la reforma político electoral de 2014 blindó a los órganos jurisdiccionales de las intervenciones de otros poderes.

“Los principios o bases constitucionales de independencia y autonomía se ven seriamente trastocados con el proceder de la Legislatura local, pues pasando por alto que los magistrados Electorales de Quintana Roo fueron designados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, pretende someterlos a un procedimiento de juicio político”, menciona el documento que deberá ser atendido por el Trife.

Para los magistrados del Teqroo, únicamente pueden ser sometidos a juicio político por el Senado de la República, el cual dependiente del resultado, pudiera turnarse el caso a la Legislatura Local para la aplicación de una sanción.

Esta semana, la Comisión de Justicia declaró procedente el proceso de juicio político, derivado de una queja presentada por Sergio Avilés Demeneghi, consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Para el Congreso Local, el Artículo 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro en el sentido de que los magistrados únicamente serán privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y “las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables”.

De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, los magistrados son sujetos al procedimiento de juicio político a nivel local.