Mal utilizados los vehículos oficiales

Descartan que hasta el momento se hayan registrado denuncias en contra de algún funcionario.

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Ciudadanos han denunciado haber visto vehículos del gobierno estatal en horarios y días no laborables. (Harold Alcocer/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Anunciado en el año 2012, el plan de austeridad en el Gobierno del Estado continúa vigente, sobre todo en el caso de la concentración de vehículos oficiales, durante los fines de semana, para evitar un gasto excesivo en combustible.

Precisamente en mayo se les recordó a los responsables de más de 40 organismos públicos descentralizados, fideicomisos y entidades paraestatales sobre dichas instrucciones, según lo dio a conocer la titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, Rosario Ortiz Yeladaqui.

Hemos estado girando instrucciones para el resguardo, principalmente en los fines de semana, con la intención de que aquellos que circulen lo hagan, siempre y cuando cuenten con el oficio de comisión. El mes pasado giramos esos oficios a las dependencias. Hago votos para que se respeten”, destacó la entrevistada.

En 2012, en materiales y suministros (rubro donde se considera gasolina), el Gobierno del Estado erogó 263 millones 764 mil 666 pesos.

Agregó que hasta el momento a ningún funcionario o trabajador se le ha aplicado alguna sanción, pues según dijo, no ha habido denuncias por mal uso de los vehículos. Lo anterior, a pesar de que ciudadanos han señalado algunos vehículos con el logo de alguna dependencia estatal, circulando en días y horarios no laborales.

“Los funcionarios saben que los vehículos son para cuestiones oficiales. No ha habido sanciones, ni reportes o denuncias formales, pero en caso de que las hubiera, se actuará en consecuencia”, insistió la titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

De acuerdo con el Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, los funcionarios que incurran en alguna violación a la legislación, o a sus obligaciones, serán sancionados con apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión en el puesto, cargo o comisión, destitución en el puesto, cargo o comisión, multa económica e inhabilitación para desempeñar algún puesto, cargo o comisión en el servicio público.

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