La promoción turística del país entra en una nueva era. El pasado 11 de julio, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, presentaron en la Ciudad de México al Consejo de Diplomacia Turística, que sustituye en la práctica al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ya disuelto por ley.

Su misión es la difusión de los atractivos nacionales a través de las 80 embajadas, los 67 consulados y las siete misiones diplomáticas en el exterior. Lo integran además 28 expertos en la materia, quienes capacitarán a los miembros del servicio exterior mexicano, por lo que es un órgano de opinión y consulta per se.

Desde el pasado día 11, los integrantes cuentan con 60 días hábiles para nombrar presidente, consejeros, vocales, asesores y secretario técnico. Ignacio Cabrera Fernández es su director general. Todos ellos serán los encargados de iniciar la planeación, el diseño y la implementación de las estrategias de promoción e imagen de México para aumentar el flujo de turistas y la atracción de inversiones.

Se prevé que lo más complicado sea definir el presupuesto; o mejor dicho, de dónde saldrán los recursos para operar. Porque cuando el canciller Ebrard dijo “trabajaremos con lo que hay” las especulaciones y las dudan se multiplicaron por lógicas razones. Por dinero, principalmente por su mal uso, fue sepultado el CPTM, por lo que no es asunto menor.

Al respecto, suenan medidas y acciones que podrían remecer. Por ejemplo, los especialistas reunidos en este nuevo órgano apuntan hacia las plataformas digitales de rentas vacacionales (como Airbnb) sin registro nacional turístico y que no pagan impuestos, ni el IVA ni el ISR, por ejemplo. Un dato es relevante: estas plataformas podrían recaudar hasta 6 mil 200 millones de pesos, monto similar al que administraba el extinto CPTM.

También algunos ven con buenos ojos explorar la posibilidad de que los cruceristas paguen impuestos. En ciertos países de la región caribeña cada pasajero paga entre cinco y 60 dólares; y si llegan por año casi 5 millones a Quintana Roo, serían una cuantiosa derrama. A esa idea se agrega “rascarle” al Derecho de Saneamiento Ambiental cobrado en algunos municipios del estado, entre otras.

Las determinaciones serán por acuerdo de la mayoría, y no discrecionales como antes, acaso lo mejor de todo. De hecho ya hay un consenso: sea cual sea la opción, una porción del presupuesto deberá ser del erario. Lo sabremos en los próximos días. Atentos.