En fecha reciente, una publicación periodística de Novedades Quintana Roo reveló que más del 60% de los hoteleros de Cancún no reportan al Ayuntamiento de Benito Juárez, o lo hacen “a medias”, el Derecho de Saneamiento Ambiental, un cobro que sí lo aplican al turista, quien debe pagar poco más de 25 pesos por habitación.

En números cerrados, son aproximadamente 32 millones de pesos presuntamente evadidos desde marzo. La autoridad municipal se ha comprometido a investigar las causas, y seguramente divulgará las conclusiones una vez terminado dicho proceso.

Aparentemente los empresarios están jugando “chueco”. Quizá algunos pretenden recuperar parte de lo que han invertido en la contención del sargazo en su frente de playa, o tal vez para no perder tanto más debido al impacto negativo que ha provocado el recorte en el presupuesto de la promoción turística oficial, desde la Federación.

Lo cierto es que nunca estuvieron de acuerdo con este cobro, que cabe insistir: no lo solventan ellos, sino el turista. Porque debemos recordar que en enero se plantaron en el Palacio intentando revertir la operación del Cabildo, y posteriormente pidieron dos meses de prórroga, que les fue concedida.

En esa coyuntura la presidenta Mara Lezama Espinosa se sensibilizó frente a los factores adversos resentidos en la industria y confío en que, más temprano que tarde, los riesgos serían reducidos si todos los actores coordinaban sus esfuerzos. Y no se equivocó: hoy, tanto el recale masivo del alga como la supuesta falta de promoción han sido sobrellevados y, algunos se atreven a decir, ya “vencidos” gracias al trabajo en equipo.

No sobra decir que este dinero se ocupa para asuntos medioambientales, como la limpieza de los arenales, y es fiscalizado por un fideicomiso ciudadano compuesto por personajes reconocidos del sector y de la sociedad, para evitar su mal uso o fugas; o sea, no debiera haber temor ahora por lo que sucedió antaño con otros fideicomisos turísticos, y deben estar conscientes de que les favorece directamente el destino final de los recursos.

Así las cosas, cual sea el motivo por el cual se niegan a cumplir, deberán rendir cuentas y despejar las dudas con prontitud ante una indagatoria que los tiene nerviosos. Sin duda, es un tema que los pone a cuadrar los números, que nunca mienten.

Son momentos en que articular esfuerzos y ser transparentes es una obligación. Lo han dicho en todos los niveles: nadie por encima de la ley.