08 de Diciembre de 2019

Opinión QRoo

Buena idea en seguridad

Nadie podría abstraerse de la inseguridad y sus múltiples manifestaciones, menos cuando se trata...

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Nadie podría abstraerse de la inseguridad y sus múltiples manifestaciones, menos cuando se trata de hechos delictivos de alto impacto o de bajo impacto pero sostenidos. Las cifras, la percepción, las malas formas y el miedo latente configuran un panorama crudo, pero en el cual surgen intentos por colocar estos hechos en su justa dimensión con el afán de encontrar soluciones, más allá de responsables.

Por ejemplo, los homicidios dolosos, que en más del 90% son ejecuciones cometidas por el narcotráfico, con armas traficadas desde Estados Unidos, han disparado los índices de delitos del fuero común en los estados y, por lo tanto, requieren ser federalizados, así como lo fue desde hace una década el delito de secuestro debido a su alta incidencia en el país.

Sería una propuesta lógica, que además una mayoría la respaldaría debido a las tasas elevadísimas y por todo lo que implica para las entidades, ya sea en términos financieros, administrativos, judiciales y también políticos. El costo ha sido demasiado alto y vale la pena reflexionar en torno a un posible proyecto que rondas por las mesas de las administraciones estatales.

En México, el gobierno de la república es el encargado de perseguir y sancionar los delitos del orden federal, mientras los gobiernos estatales son responsables de atender los delitos del fuero común. Lo sabemos.

Los homicidios son delitos del fuero común; pero en los años recientes, debido a la pugna por territorios y ajustes de cuentas entre grupos criminales, el número de ejecuciones se disparó en los estados del país. En Quintana Roo, nueve de cada 10 asesinatos son perpetrados por células del narcotráfico, y en la misma proporción, con armas cada vez más sofisticadas e introducidas ilegalmente por la frontera norte, la que colinda con la Unión Americana.

El vínculo de estos crímenes con el narcotráfico y el tráfico de armas, dos delitos del fuero federal, obligan al gobierno mexicano no sólo a reforzar la presencia de fuerzas federales en las entidades más violentadas por los narcotraficantes, sino a revisar y eventualmente reformar el marco jurídico para la investigación, persecución y sanción de los homicidios dolosos que por su alta incidencia se han convertido en el principal indicador de violencia.

Veremos si se consuma la propuesta y se presenta en forma. Hoy todo lo que procure frenar la violencia y avanzar hacia un país más pacífico, debiera ser tomado en cuenta.

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