Se sabe que la mayoría de la XVI Legislatura está de acuerdo con aprobar la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda pública del estado, cifrada en más de 19 mil millones de pesos, que es una propuesta enviada recientemente por el Ejecutivo de Quintana Roo.

El fin de semana, Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, se reunió con miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, así como con otros diputados que pueden participar en el análisis. Dicha Comisión dictaminará y el pleno definirá. Podría ser mañana martes o el miércoles; aunque tienen hasta el día 15, dentro del periodo ordinario de sesiones, o bien extenderse con uno extraordinario hasta fin de año.

La pregunta clave es: ¿amerita una reestructura? Datos de la administración de Carlos Joaquín González recuerdan que al final del sexenio 2005-2011 la deuda era superior a los 9 mil millones de pesos, lo cual implicó un aumento en el endeudamiento de 7 mil 261 millones durante todo el periodo de Félix González Canto.

En 2012, con Roberto Borge Angulo, la deuda era de 13 mil 25 millones de pesos, aunque en 2016, antes de que terminara su gestión, alcanzó los 22 mil 247 millones. Hoy es, como se planteó al inicio, de 19 mil y tantos. Para asimilarlo: al inicio del gobierno actual, cada quintanarroense debía -en promedio y en números cerrados- unos 13 mil pesos, y ahora 11 mil.

Ha habido una estrategia financiera que le ha permitido reducir, y en esta coyuntura, proponer. Se pretende refinanciar los seis créditos que arrastra la entidad para ahorrar aproximadamente 500 millones por año. Pasaría de pagar 172 millones de pesos al mes con las condiciones actuales, a 129 millones a partir del próximo año.

Esto es claro: sin endeudarse un peso. Sí implicaría ampliar de 20 a 25 años dichos créditos, aunque convence el solo hecho de que, se asegura, el ahorro será enviado a cuatro áreas específicas: seguridad, educación, salud y campo. Precisamente, donde están los desafíos más relevantes y los recortes más sentidos desde la Federación.

Ante las presiones por el “tijerazo” a las participaciones y la concentración de recursos federales en los programas sociales del gobierno federal para 2020, pero sobre todo, con la solvencia que brinda el buen manejo de las finanzas públicas, surge la idea de sacudirse el agobio de un sobreendeudamiento heredado. Así lo entiende una mayoría de la cual dependerá la autorización o no. Entonces, sí amerita.