22 de Junio de 2018

Opinión QRoo

Otro paso en Benito Juárez

No son pocas las agrupaciones civiles con presencia nacional que han situado a Quintana Roo...

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No son pocas las agrupaciones civiles con presencia nacional que han situado a Quintana Roo entre los estados más corruptos. Así lo dejaron. Y aun cuando hay esfuerzos loables en marcha, quedan pendientes para olvidar la deshonra. Lo rescatable es que hoy el reto se encara más allá de lo que dictan las disposiciones legales. No parece pose ni moda.

Pongamos el único ejemplo municipal en curso: el Benito Juárez de Remberto Estrada, con un “Programa Municipal Anticorrupción” presentado hace algunos días que especifica las acciones para combatir la corrupción, así como las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Si bien la responsabilidad de supervisarlo recae en la Contraloría Municipal, en manos de Guillermo Brahms González (ex síndico y promotor visible de estas iniciativas), el documento rector es para todos los servidores públicos, quienes aceptaron el compromiso de desarrollar una correcta gestión pública.

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar a las autoridades de todos los órdenes. Asimismo, en el Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión se aprobaron siete paquetes de legislación secundaria, en las que se encuentran leyes, códigos, reglamentos y lineamientos técnicos que también forma parte del propósito.

Como se constata, el marco jurídico es amplio, por lo que las acciones son múltiples y diversas. En la presentación llevada a cabo en Palacio, Brahms González explicaba que debieron establecer 10 ejes clave, de los cuales se desprenden más objetivos y estrategias para crear “la cultura del cumplimiento”, enfatizó entonces.

Para poner el tema en perspectiva, conviene enlistarlos: Realizar un diagnóstico de áreas factibles de corrupción; impulsar campañas masivas sobre las acciones emprendidas; recibir las declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de intereses; verificar y supervisar la actuación de la entrega de ayudas sociales, así como implementar el sistema de control interno.

Además, fomentar la contraloría en instituciones educativas; aclarar las tareas de todo servidor público; reformar y actualizar la reglamentación municipal; promover la cultura de desarrollo administrativo, y por último, crear mecanismos de participación ciudadana a través de redes.

Viene ahora un proceso fundamental en torno a la supervisión, de la cual dependerá el éxito del programa y, en cierto modo, de la administración de Remberto Estrada Barba, quien ya hizo pública la carta compromiso de esta misión el pasado 31 de enero.

¿Qué deben hacer? Primero, asumir la lucha contra la corrupción como una prioridad permanente. Paralelamente, el comité conformado debe supervisar a todas las dependencias en la aplicación de los procedimientos relacionados; reaccionar ante las irregularidades inmediatas; atender peticiones, denuncias o inconformidades recibidas, y aplicar medidas correctivas sin olvidar la etapa preventiva que resulta vital. No hay reversa ni pero que valga.

En Benito Juárez dieron el primer paso. En los demás no pueden esperar.

Desorbitado

Mientras la voluntad para avanzar en estas dinámicas de transparencia y rendición parecen “exclusivas” del gobierno del estado y de algunos municipios, en los Poderes Legislativo y Judicial los nuevos datos apuntan a que pocos están cumpliendo sus obligaciones.

Diputados y magistrados, en específico, están en el ojo del huracán por ignorar la ley.
Toda la estructura heredada necesita ser renovada para iniciar la esperada nueva era.

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