La Auditoría Superior de la Federación ha destapado una cloaca. La semana pasada, en el marco de la tercera entrega de su informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2016, denunció un modelo fraudulento entre dependencias, instituciones y universidades conocido como “Estafa Maestra”, en alusión a la película de Félix Gary Gray (“The Italian Job”, su nombre original).

El escándalo nacional alcanzó al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), que habrían servido para desviar 903.7 millones de pesos entre 2015 y 2016 provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en manos de Rosario Robles desde el 27 de agosto de 2015, quien, sin embargo, lo negó vía Twitter.

De acuerdo con la acusación, tanto el SQCS como la Upqroo firmaron convenios con la Sedatu, cuyos pagos terminaron en más de 30 empresas, que a su vez emitieron cheques u ordenaron transferencias a una docena de personas físicas y morales. Muchos de los proveedores subcontratados no han sido localizados, no entregaron la información completa o no tienen la actividad económica para cumplir lo solicitado.

Por supuesto, ello tiene implicaciones administrativas, financieras, judiciales y políticas. En torno a lo administrativo, las auditorías deberán replantearse porque dicho esquema desnuda prácticas aparentemente desconocidas hasta ahora. Colegas del SQCS no tuvieron papel para imprimir –ni sanitario, alegaban-, no obstante otros se enriquecían.

En lo financiero: ahora se entenderán algunos desvíos, así como parte del endeudamiento y la quiebra técnica en que dejaron a órganos públicos. Aun así, S&P Global Ratings le pone mejor nota a las finanzas estatales, con perspectiva estable para 2018-2019. Es decir, los números siguen negros pese a estos hechos naturalmente financieros, con secuelas por descubrir.

En lo judicial, se multiplicarían las denuncias inclusive contra nuevos actores. Uno de ellos sería el ex rector de la Upqroo, José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Varguez, líder de Morena en el estado. Este asunto, por tanto, toca intereses político-electorales por obvias razones.

Aunado a lo anterior, y según se desprende de los análisis previos, algunos de los que supieron o participaron en el modelo de corrupción referido tienen aspiraciones o pertenecen a un grupo que jugará en el próximo proceso.

Será ésta una semana clave para dilucidar más efectos.