En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, anunció que presentaría ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar como delito la violencia política. Hoy lo hace.

Antes de exponer su espíritu es necesario repasar los antecedentes y el contexto, que no sólo justifican la propuesta, sino también abren la oportunidad para nutrir el contenido con otras víctimas de acciones u omisiones malintencionadas.

Hace aproximadamente un año, cuando se definían las candidaturas, Fernández Piña era atacada por políticos y servidores públicos. Muchos recordarán las grabaciones divulgadas en las que se referían a ella soezmente intentando desacreditar capacidades e ignorando un conjunto de leyes favorables –aunque insuficientes– para todas ellas.

En el discurso del miércoles pasado, sostuvo: “Fui víctima de violencia política y hoy que tengo una representatividad, es mi responsabilidad moral promover acciones que permitan a más mujeres participar. Sufrí las consecuencias antes, durante y después de la campaña, y no hubo castigo”.

Sacudió la conciencia de los personajes machistas que manipulan tanto el acceso como el ejercicio del poder; sobre todo, al proponer cárcel de tres a ocho años a quien las agreda políticamente, para lo cual contó con el aval de su Cabildo ya que coincide con el andamiaje comprobado en tres entidades.

El espíritu es amplio: salvaguardar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos, también de las prerrogativas inherentes, reconociendo que dicha violencia impacta en el derecho de ejercer el voto y a ser electas, así como a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes, aspirantes o candidatas en partidos, instituciones u organismos.

Visto así, castigaría la violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, sicológica, física y sexual, a través de cualquier medio y perpetrada por cualquiera que atente en solitario o grupo, desde el sector que sea.

Es hora de eliminar los registros simulados, de participar solamente en distritos perdedores, de la exposición desigual en medios y de la distribución injusta de recursos para campañas.

El logro de la paridad no se agota con cuotas, sino que requiere extirpar toda forma de discriminación y, por lo tanto, de violencia.

Como es una reforma integral a la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral, claramente va más allá de colores partidistas o de intereses políticos. En el fondo, es una tarea de todos.