Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La delegación en Quintana Roo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), estima que en la entidad existen alrededor de 40 mil habitantes en unas 70 comunidades que guardan un rezago significativo en materia de infraestructura básica posible de abatir en los siguientes tres años con un presupuesto global de dos mil 400 millones de pesos, es decir, 800 millones por año.

Víctor Manuel Sánchez Álvarez, delegado de la CDI en el estado, afirmó que la inversión estimada se calcula con las condiciones actuales, por lo que podría variar. Sin embargo, con estos recursos presupuestales divididos en tres años se construirían obras de agua potable, saneamiento, energía eléctrica y caminos, que representan las principales necesidades.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Quintana Roo de 2008 a 2010 hubo una reducción del porcentaje de la población con las carencias sociales de rezago educativo, por acceso a los servicios de salud, por acceso a la seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, donde el 5.3% de la población quintanarroense, 71 mil 387 habitantes, se hallaba en situación vulnerable.

Sin embargo, se registró un aumento en el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Un estudio realizado por dicha institución revela que el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 34% a 34.5%, y el de pobreza extrema disminuyó de 6.9% a 4.7% en el mismo período.

En 2010, agrega el estudio, que los municipios con mayor porcentaje de personas en pobreza fueron José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres.

“Estamos hablando de un estimado de cerca de 40 mil personas repartidas en unas 70 comunidades en todo el estado, pero se trata de poblaciones que no presentan las mismas características, porque las hay que ya cuentan con el servicio de agua potable y en las que la prioridad es la energía eléctrica, por ejemplo”, manifestó.

Señaló que uno de los problemas para otorgar estos servicios básicos a la población es su dispersión “son comunidades de cinco a ocho familias, pero la idea y el proyecto es dotar de infraestructura a todas ellas”.

Sánchez Álvarez puntualizó que al ritmo que se lleva a nivel federal en los próximos tres años de administración se podrían abatir los rezagos que hoy se presentan, sin embargo, existen condiciones que aumentan los tiempos de atención y costos, y ejemplo de ello es lo ocurrido en Cobá, donde la apertura de caminos sufrió modificaciones al encontrarse con basamentos mayas y al tener que acatar las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).