B. Pat / A. Galicia
CHETUMAL, Q. Roo.- El estado ha interpuesto al menos 15 denuncias penales en contra de cuatro dependencias estatales y ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo por el desfalco a las finanzas y al patrimonio del estado, cuyo daño por el momento es incalculable.

En conferencia de prensa, Rafael del Pozo Dergal, titular de la Gestión Pública, y Francisco López Mena, secretario de Gobierno, detallaron las siete denuncias más recientes por el desvío y mal manejo de dos mil 388 millones 296 mil 158.99 pesos.

Aunque los funcionarios no revelaron nombres, los datos recabados indican que dos de las denuncias fueron por peculado en contra de Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), y de Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul Novelo, quienes fungieron como subsecretarios de la dependencia.

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Los ex servidores hicieron dos contratos de maquinaria pesada, primero por 429.2 millones de pesos y después por 348 millones de pesos, según la información presentada en la conferencia. Sin embargo, Del Pozo Dergal dijo que no hay documentos que indiquen las obras donde utilizaron dicha maquinaria, y que la mayoría de los contratos beneficiaron a empresas “fantasma”, con domicilio fiscal, principalmente en Yucatán.

Dos denuncias más fueron por desempeño irregular de la función pública y abuso de poder en contra de los dos últimos titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, por diversas irregularidades como la venta de inmuebles propiedad del estado, para los cuales autorizaron además las exenciones de pago; el primero por 39 millones 733 mil 176.81 pesos y otro por ocho millones 449 mil 20.18 pesos.

Otras dos demandas penales fueron contra los ex titulares de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz y Paula González Zetina, por el delito de peculado, por el desvío de 506 millones 914 mil pesos, correspondientes al crédito de 560 millones de pesos que contrató la CAPA, y que en vez de ser aplicado para infraestructura fue transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para gasto corriente.

El segundo hecho fue el desvío de mil 55 millones 999 mil 962 pesos que la CAPA recibió por la concesión del servicio de agua potable en Playa del Carmen y la ampliación de la concesión en Cancún.

Liberaban los pagos

En estos dos casos, las denuncias fueron también en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Sefiplan y Luis Armando Hoil Be, ex subsecretario de Política y Control Presupuestal. Ambos estarían relacionados con todos los demás expedientes, pues son quienes liberaban los pagos de las contrataciones de todas las dependencias.

La séptima denuncia penal fue por usurpación de funciones en contra de Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario técnico hacendario de la Sefiplan, porque incurrió en firmas de diversos documentos oficiales, aunque ya no ostentaba algún cargo público.

En entrevista, Francisco López Mena, secretario de Gobierno, dijo que la Fiscalía determinará la sentencia para los ex funcionarios involucrados y la configuración de los delitos; sin embargo, denunciaron peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas de las cuatro dependencias, que equivale a dos mil 388 millones 296 mil 158 pesos faltantes.