Resolver problemas sin llegar hasta los tribunales y evitar juicios largos, es el objetivo de los 10 primeros mediadores privados que han sido certificados en Quintana Roo.

Lo que se busca a través de las mediaciones, dictadas en la Ley de Justicia Alternativa, es por ejemplo, evitar procesos largos en casos como la demanda de una pensión alimenticia, explicó Juan Castro Palacios, director estatal del Centro de Justicia Alternativa, del Poder Judicial del Estado.

Los mediadores privados tendrán una figura jurídica como de “jueces ejecutores”, tendrán fe pública para resolver controversias familiares, civiles y mercantiles, siempre y cuando haya voluntad de las partes para llegar a un buen acuerdo.

La base de una solución a una controversia que se lleve de manera privada es que ambas partes tengan la voluntad de llegar a un buen arreglo y es ahí cuando entra en funciones el mediador privado.

Ambas partes se van a ahorrar tiempo y esfuerzo, es decir, no tendrán que asistir a audiencias en los juzgados, ni pedir permisos en sus trabajos, además de que el trámite es más rápido de lo que dura un juicio normal.

Por el momento, los conflictos judiciales que podrá atender el mediador privado son en materia de lo familiar, lo civil y lo mercantil.

Certifican a 10 mediadores privados

Quintana Roo fue la primera entidad federativa en promulgar una nueva Ley de Justicia Alternativa, que implica la actualización y modernización del marco normativo que regula la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

En agosto pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado y lo que siguió fue un concurso para la selección y certificación de aspirantes a mediadores privados.

Se inscribieron 20 personas, pero solo una decena fueron certificados por la Unidad de Certificación y Mediación Privada, adscrita al Centro de Justicia Alternativa.

La nueva Ley de Justicia Alternativa contempla la modalidad de la mediación de manera electrónica o mediación a distancia.

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