Agencias
CANCÚN, Q. Roo.- Isla Mujeres, destino de sol y playa, es sede de la Segunda Reunión de la Red Nacional de Procuradores de Justicia Ambiental, programada para el domingo 29 y lunes 30 de marzo.

Durante dos días, en esta localidad, 16 procuradores ambientales del país abordarán diversos temas para fortalecer la justicia, en materia ambiental y territorial.

De acuerdo con información de Notimex, a esta Segunda Reunión de la Red Nacional de Procuradores de Justicia Ambiental, acudirán representantes de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sonora, Veracruz y Quintana Roo.

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La Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental busca sumar esfuerzos para fortalecer la justicia en materia ambiental y territorial.

“La finalidad de la reunión que tendremos en Isla Mujeres, explicó el Procurador de Justicia Ambiental en el estado, Javier Jesús Cárdenas Rivero, será consolidar esta red y abarcar temas de interés nacional en materia ambiental que atañen a las distintas Procuradurías que la conforman”, explicó.

Es importante resaltar que la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (Anaae), incorpora, como su nombre lo indica, a todas aquellas dependencias de competencia estatal en el país, de carácter ambiental.

Justicia en materia ambiental

Para entender el contexto en el que se dan las reuniones como la que se celebrará en Isla Mujeres, es necesario tomar en cuenta que dentro de la Anaae surgió, por parte de las procuradurías ambientales estatales, la inquietud de conformar un bloque especial, en atención a las necesidades y temas particulares que las mismas abarcan.

Dentro de las principales atribuciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente, destacan: atender y resolver las denuncias ciudadanas y realizar actuaciones de oficio; efectuar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de la Ley Ambiental.

Además de clausurar y suspender las obras o actividades y en su caso, solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de la Ley Ambiental.