Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo pide a la autoridad educativa que una maestra de primaria en Cozumel sea separada del grupo por haber intentado asfixiar a un menor.

Harley Sosa Guillén, ombudsman en el estado, informó que se trata de una medida cautelar dirigida a la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

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“La madre del menor, presuntamente agraviado, acudió a la Visitaduría Adjunta de Cozumel y contó que el niño llegó alterado a su casa porque su maestra lo regañó por no terminar la tarea y que lo había agredido físicamente; además describió que la docente lo exhibió en medio del salón, frente a todos los demás estudiantes”, detalló. 

Agregó que se trata de hechos  graves porque expone la violencia física y emocional hacia un estudiante por parte de una servidora pública, que además tuvo un impacto emocional en sus compañeros al presenciar los hechos, por lo que dijo que es indispensable que durante la indagatoria, que llevará a saber si fueron ciertas estas acusaciones, la docente no tenga contacto con los menores.

“La queja con número VA/COZ/013/03/2016 fue reforzada por otras madres de familia, quienes sus hijos les notificaron que fueron testigo de los hechos, quienes incluso quedaron alterados emocionalmente, por lo que se inconformaron ante la actuación de la docente.

Ultimátum

Sosa Guillén señaló que la Secretaría de Educación un plazo de 24 horas a partir de la notificación para informar si dichas medidas fueron aceptadas, debiendo aportar las pruebas que así lo acrediten.

Explicó que la primera diligencia de la investigación fue la de solicitar informes a la autoridad de  educación sobre el caso, así como a la directiva del plantel, además la medida precautoria.

Seguidamente se llamará a comparecer a las madres de los niños, y se ser necesario al pequeño en cuestión.

En lo que va del presente año, la Comisión ha recibido 60 quejas en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), 59 en contra de la Secretaría de Educación, 47 en contra de corporaciones policiacas en municipios y 17 de otras instancias.