11 de Diciembre de 2017

Opinión QRoo

Mimenza y la ley de periodistas

A Quintana Roo le urge que sus diputados ajusten y pongan en operación la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos...

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A Quintana Roo le urge que sus diputados ajusten y pongan en operación la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pues este fin de semana el director de un conocido medio de comunicación fue amenazado de muerte junto con su familia. Una agresión más, pero ante todo, desde ahora la exigencia es a las autoridades para garantizar la integridad de los ciudadanos y demostrar que no cualquiera puede atentar en contra de su integridad.

En este espacio hemos destacado la ineludible responsabilidad del Estado de brindar seguridad a los ciudadanos y, aunque el ambiente de violencia ha imperado particularmente en la zona norte de la entidad, la agresión el sábado por la noche a Amir Ibrahím Mohamed Alfie, director del periódico digital El Quintana Roo, destaca porque fue hecha por Carlos Mimenza Novelo, quien desde principios de año ha hecho diversas acusaciones en contra de ex funcionarios y funcionarios actuales por supuestos actos de corrupción y recientemente hizo incluso un llamado a la conformación de grupos de autodefensas.

El periodista publicó en diversas plataformas las amenazas recibidas por parte de Mimenza Novelo, mismas que se hacen extensivas a su familia (esposa e hijos), pero es importante destacar que hace poco más de un mes, el 20 de mayo específicamente, otra reportera de ese medio de comunicación, Tina Pinzón, fue “golpeada y amenazada de muerte por hombre armado, que se encontraba en compañía de otros dos, en represalia porque grababa con su celular un operativo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), en la zona hotelera” de Cancún, según publicó el periódico La Jornada.

El directivo de El Quintana Roo interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Procuraduría General de la República (PGR), la primera con número de caso FGE/QR/BJ/07/9223/2017 y la segunda FED/QR/CUN/0000789/2017 y las instancias estatales determinaron brindarle la protección necesaria, pues los mensajes recibidos a su teléfono celular evidencian la intención de atentar contra su integridad, además de que el comunicador reveló que desde hace ya algún tiempo estaba siendo seguido, lo que confirmó Mimenza Novelo en sus mensajes telefónicos, al asegurar que “a ti te voy a dar trato especial…cada paso que des, tú y todo tu ámbito personal estará bajo vigilancia.”

 El periodista reveló al escribiente que se comunicó a los teléfonos para lograr la protección del mecanismo nacional y que además habló con las autoridades estatales; ante esto, pueden desprenderse muchos temas de análisis, primero que aún con la oportuna intervención de las autoridades sigue siendo urgente contar con un mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para la actuación en lo local, pues, afortunadamente, el afectado logró que la coordinación entre autoridades fuera rápida y su familia sea resguardada; pero el pendiente normativo por parte del Congreso de Quintana Roo sigue ahí.

Además, las amenazas de Mimenza Novelo han sobrepasado el límite legal, el personaje de marras ha evolucionado en su desesperación por lograr la atención pública, del insulto a la amenaza abierta, del acoso telefónico a importunar a periodistas siguiéndolos y asegurándoles que los atacará a ellos y sus familias. La semana que inicia será crucial entonces para ambos temas: la definición en tiempo de la modificación a la Ley de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y el proceder legal de las autoridades en contra del ahora demandado. El peligro resulta evidente y que conste que es antes de que “el niño se ahogue.”

Así, lo ocurrido es un llamado de alerta a las autoridades, Mohamed Alfie y Tina Pinzón han encontrado el respaldo del gremio, incluso la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, ha propuesto la realización de reuniones de respaldo; pero ante todo queda pendiente el proceder de las autoridades, la definición del mecanismo local de protección a periodistas y la actuación en el caso de Carlos Mimenza Novelo.

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