Hay números que cimbran. Por ejemplo: seis de cada 10 mujeres, de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja u otra persona. También, 47 de cada 100, del mismo rango etario y que han sostenido al menos una relación (matrimonio o noviazgo), aseguraron haber sido agredidas por su actual o última pareja.

Además, el 32% padeció violencia sexual, como actos de intimidación, acoso o abuso. Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios, el nivel es mayor

(54.6%) que entre aquellas con una unión o matrimonio (48.7%). En promedio, durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete diariamente en México.

Estas cifras pertenecen a la encuesta más reciente disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en 2015, la cual ha orientado desde entonces el proceder de activistas, políticos y servidores públicos.

En Quintana Roo hay noticias más frescas al respecto, que en un contexto de aparente agresividad como el actual, cobran vigencia: los integrantes de la “Comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad”, presentaron una iniciativa de decreto por la que reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La exposición de motivos es tan amplia como indignante, y lo destacable de la idea desarrollada por la diputada Leslie Hendricks es la incorporación de conceptos como “violencia política” y “violencia obstétrica”, así como bases de datos de niñas y mujeres desaparecidas, en tanto se propaga una cultura preventiva.

No es un apapacho más para aquellas maltratadas ni una campaña efímera: se trata de transformar, en su justa dimensión, esa ley antes referida y avanzar desde lo legislativo hacia otros campos. Porque los ataques contra ellas provienen desde los más cercanos, como la pareja y los familiares, hasta compañeros, autoridades, e incluso desconocidos.

“Este clima hostil no sólo ha generado señalamientos de organismos internacionales, sino que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con seis sentencias al Estado Mexicano. La mitad de esas sentencias refiere violaciones a sus derechos. Es un dato altamente preocupante”, alerta la priista, quien preside dicha Comisión.

En el fondo, se aprecia como un esfuerzo extraordinario por armonizar legislaciones de todos los niveles, combatir la discriminación, robustecer los programas de ayuda y reducir al mínimo tanto la inseguridad en las posibles afectadas, como las tasas de mortandad por estas causas vergonzosas.

Debido a la grave situación de miles, no deben esperar más.