Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Solo una de cada 10 negligencias médicas que se denuncia en Quintana Roo termina en una conciliación favorable para la víctima, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

El reporte precisa que en dos años, se presentaron 46 quejas por negligencia médica en clínicas públicas y privadas, que ha requerido intervención de la comisión, cuatro se resolvieron favorablemente para la víctima y la mayoría fue desechada por falta de interés de las partes o no hubo conciliación.

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De acuerdo con información oficial de la dependencia, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se registraron en Quintana Roo 27 quejas por negligencia médica ante la comisión, pero ninguna de éstas tuvo conciliación, es decir, que no se resolvieron a favor del agraviado; de enero a octubre de 2018 son 19 quejas; sin embargo, sólo cuatro se lograron conciliar entre médico-paciente; dos corresponden a un consultorio general o especializado, una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De las 42 quejas que no se resolvieron, en 24 casos hubo falta de interés procesal, que corresponden, 21 casos al sector salud privado y tres del sector público, dos de estos últimos eran de los Servicios Estatales de Salud (Sesa).

En las 18 quejas restantes no se pudo llegar a la conciliación entre las partes, a pesar que se tuvo la intervención de personal capacitado de la dependencia federal.

En lo que respecta a las instituciones de salud en las que se brindó el mal servicio médico que derivó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 24 le atañen al sector privado.

También da a conocer que son 22 quejas en contra de médicos del sector público que conciernen, 10 al IMSS; siete, al Issste; tres, a Sesa; y dos, a hospitales federales de la Secretaría de Salud (SSA).

Las funciones de la Conamed son recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación del servicio; conciliar conflictos; fungir como árbitro; aunque no cuenta con atribuciones para aplicar sanciones a los profesionales de la salud.