El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución más demandada en el país por negligencia médica, pero las nulas sanciones a su personal médico permiten que este actúe con total impunidad; pero similar situación viven millones de mexicanos en todas las instancias de salud, pues 87 de cada cien denuncias son desechadas, y tan sólo dos concluyen con sanciones para los médicos. La impunidad y negligencia en todo su esplendor.

La semana anterior ocurrió un caso más que emblemático en Quintana Roo: A días de cumplir nueve años, Sairely Culebro Cervera murió en brazos de su madre, en la sala de espera del IMSS de Chetumal, esperando ser atendida de una apendicitis aguda que requería de inmediata cirugía; pero esta no llegó, sobrevino la peritonitis y la menor murió infectada, producto del estallamiento de ese órgano. En el colmo de los descaros, el personal de la institución mintió al emitir el certificado de defunción, señalando que la menor murió por no resistir la anestesia en el quirófano, cuando nunca entró a cirugía, en un intento criminal por ocultar la negligencia.

Enrique Peña Nieto prometió a los mexicanos crear un sistema universal de salud, en el que la característica principal sería la “portabilidad”, es decir, la capacidad de que las personas con seguridad social puedan acudir a cualquier instancia de salud para ser atendidas. Si se hubiera realizado dicha reforma, Sairely muy probablemente hubiera festejado su noveno cumpleaños y no hubiera muerto en brazos de su madre esperando ser atendida; pero esa reforma no importa a ningún partido político, pues no son tiempos electorales.

A la falta de normatividad que posibilite la atención de los mexicanos en las instituciones de salud se suma la saturación de las mismas –tan sólo el IMSS atiende a 70 millones de mexicanos–, pero casos como el de Chetumal ponen de relevancia también las malas prácticas de salud, pues datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico indican que la mayor cantidad de quejas está relacionada con tres asuntos: una mala relación médico-paciente, una mala operación y un mal diagnóstico. Por cierto, en Quintana Roo ni siquiera existe un órgano estatal de arbitraje médico, a pesar de que durante los últimos 15 años se han hecho diversos anuncios de su constitución.

La prioridad para el peñanietismo fue impulsar reformas como la energética o la fiscal, que en términos llanos significaron mayores ingresos para el gobierno; en contraparte, la del campo y salud quedaron estancadas, pues estas requerirían una fuerte inversión gubernamental para modernizar estos sectores. Por ejemplo, la del sector salud contemplaba la creación de una pensión universal; un seguro de desempleo; fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro, que implica aumentar las aportaciones obligatorias; y modificar el régimen de inversiones de las afores para ampliar los beneficios a los trabajadores. Evidentemente eso no ocurrirá ya en esta administración.

De esta manera, los mexicanos viven cuidándose de una negligente y criminal burocracia dedicada a esquilmar las arcas públicas y obtener vía impuestos todos los recursos posibles mientras duren en el encargo, y rogando que la atención médica recibida sea buena, aunque sea una excepción y no la regla; porque además cabe decir que las personas pagan por ese servicio, pues mes a mes les es descontada la cuota respectiva de su salario; por lo que la atención adecuada no es un favor, sino una obligación.

Por lo pronto el delegado del IMSS en Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado –yerno por cierto del secretario de Gobierno, Francisco López Mena–, obligado está a imponer las sanciones respectivas a su personal, para sentar el precedente necesario y que ningún derechohabiente más muera por la negligente actitud de quienes, se supone, están para servir; pero por lo visto no sirven; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.