Licety Díaz/SIPSE
CANCÚN, Q.Roo.- Con una aprobación dividida entre los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez: nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención, se aprobó el acuerdo de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, en la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Cabildo.
En cuanto a las cifras varios regidores tomaron la palabra para pronunciarse en contra y otros a favor de las cifras citadas.

El regidor Alain Ferrat Mancera se refirió a que no le avisaron de manera formal y tenía dudas con respecto a  gastos “excesivos”  de algunos departamentos, y citó las cifras a la nómina de personal de confianza y el programa “El Buen Vecino”.

La regidora Lorena Martínez Bellos se quejó de no recibir detalles del manejo de las cuentas mensuales solicitadas tiempo atrás, y de recibir el informe de la Cuenta Pública hace dos días.

Otro de los que votaron en contra fue el regidor Roger Cáceres Pascacio, señaló no encontrar justificación en la agilización del trámite en menos de una semana, manifestó que se trataban de números no acordes en tiempo y forma, y por el cual tenían plazo hasta el 31 de marzo.

El regidor Julián Aguilar Estrada comentó que hay que asistir a trabajar y hacer la tarea con tiempo.

“No hay debate, hay ignorancia, suposiciones y me da pena que algunos regidores como Alain Ferrat y Lorena Martínez vengan a leer lo que dicen sus asesores, preferiría que vinieran entonces ellos a discutir, es parte de los tiempos políticos, yo lo advertí”, dijo el presidente municipal Julián Ricalde Magaña.

De todos modos reconoció y respetó el esfuerzo de todos los regidores, y opinó es un modo de algunos regidores salir con la justificación de tener poco tiempo para leer la información.

Ricalde Magaña dijo que la Cuenta Pública es un dato relativamente pequeño al resumir todo un año, en comparación con todas las cuentas mensuales. La misma se entrega con periodicidad a la Auditoría Superior del Estado (ASE). Ahora se mandará  la parte de la conclusión del año para su revisión y posterior aprobación en el Congreso local.