18 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Sin defensa, ex titular de Sintra

Mal manejo de fondos fue el principal motivo de investigación en su contra.

El exfuncionario tiene denuncias elaboradas desde diciembre pasado. (Foto: Joel Zamora/SIPSE).
El exfuncionario tiene denuncias elaboradas desde diciembre pasado. (Foto: Joel Zamora/SIPSE).
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado Tercero de Distrito dejó sin efectos la suspensión definitiva que había obtenido Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Sintra, contra actos privativos de la libertad (órdenes de comparecencia, detención, aprehensión, presentación, búsqueda o localización).

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Según el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, de esa manera queda expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados, entre ellas, la orden de aprehensión.

El 4 de agosto pasado, Escamilla Carrillo obtuvo dentro del expediente 1019/2017 una suspensión definitiva, que de momento quedó sin efectos, mientras se realiza la audiencia constitucional programada ante el Juzgado Tercero de Distrito el próximo 28 de este mes.

De acuerdo con la información recabada, Escamilla Carrillo aparece en la lista de ex funcionarios estatales que cuentan con órdenes de aprehensión, derivadas de la carpeta administrativa 151/2017 por el caso VIP Saesa.

En esa carpeta se encuentran otros 11 ex funcionarios, entre ellos Carlos Acosta Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

El ex titular de la Sintra, cuenta con otra denuncia penal en su contra, presentada en diciembre pasado por la entonces Secretaría de la Gestión Pública (ahora Secretaría de la Contraloría), a cargo de Rafael Del Pozo Dergal.

La acusación es por el delito de peculado, la cual también es en contra de Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul Novelo, quienes fungieron como subsecretarios de la Sintra.

Según las investigaciones de la Contraloría, los ex funcionarios habrían realizado dos contratos para la renta de maquinaria pesada, primero por 429.2 millones de pesos y después por 348 millones.

Sin embargo, a pesar de que los montos fueron pagados, no existen documentos que compruebe cuáles fueron las obras ejecutadas, además de que las facturas emitidas corresponden a empresas “fantasma”, con domicilio fiscal en el estado de Yucatán.

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