Aquí señalamos que la Federación, a pesar de las correcciones favorables hechas en el Senado de la Republica para no afectar más a la industria turística de lo que se ha hecho con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, sigue presionando de manera muy insensible a los estados –de lo cual no se salva Quintana Roo, por supuesto– con la definición y el manejo presupuestal: ayer publicó Novedades Quintana Roo que el Gobierno de la República le adeuda a la entidad 763 millones de pesos de ministraciones de varios meses anteriores, que debió haber entregado en septiembre pero por lo menos hasta concluir octubre seguían sin ser depositadas.
Ya sabemos que no se van a cumplir las promesas hechas ante la gente que llenaba las plazas durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo, y en particular en Chetumal, que fueron reiteradas personalmente con tal seguridad que quienes no somos sus fanáticos casi nos las creímos: no se mudará la Secretaría de Turismo a Chetumal, el Tren Maya no tiene para cuándo y seguramente una poco probable estación para la capital estatal, por ser no prioritaria –de hecho ni se había considerado originalmente– quedará para el final, pero sobre todo el engaño de una “zona libre” en la ciudad, la reducción del IVA, del ISR y de los precios de los combustibles, principales promesas para nuestra frontera, ya quedó desmentido por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, cuando bien pudo incluirse en la Ley de Ingresos 2020.
No nos den, pero tampoco nos quiten. La gente tiene la falsa idea de que las participaciones, los apoyos y los programas que entrega la Federación a los estados son graciosas donaciones: esto es totalmente falso.
Los estados recaudan y entregan los recursos a la Federación a través de gravámenes. Algunos, los más pobres, tienen economías deficitarias; otros, los más prósperos, son superavitarios, como es el caso de Quintana Roo, que lleva casi dos décadas entre los cinco estados cuya economía crece más.
Es claro que debe haber subsidiariedad para compensar las carencias –en algunos casos de pobreza extrema y hasta de hambre: somos un país–, pero que el gobierno central retenga o se quede con los recursos que por ley –y muy por debajo de lo proporcional en cuanto al aporte en divisas e impuestos que hacemos, por cierto– nos corresponde causa un quebranto severo a la administración pública local y por supuesto lo mismo sucede en los municipios, tanto ricos como pobres.
Nos tememos que no sea el caso de muchos estados, pero por ventura los quintanarroenses tenemos condiciones mucho menos desfavorables que el 85 por ciento de las 32 entidades de la Federación; en casi todas las mediciones Quintana Roo resulta número uno en generación de empleos, y el turismo sigue robusto aun con las afectaciones que hemos tenido por parte del gobierno de López. Pero la mejor garantía es que ante las adversidades el gobierno de Carlos Joaquín González ha mantenido la serenidad, asumiendo políticas responsables, disciplinadas y transparentes.
Quintana Roo cumplió en 2018 el 197 por ciento de sus metas de crecimiento económico. Creemos que este año difícilmente los resultados serán tan buenos –primer sitio nacional en ese indicador– y que el 2020 implicará todavía más desaceleración–, pero los márgenes para soportar dificultades que nos da nuestra economía basada en el turismo nos permitirán mantenernos en el “top five” de los estados más exitosos, entre otras razones porque –dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, pero es la realidad– Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Nuevo León, y Baja California, nuestros “competidores” tradicionales en cuanto crecimiento económico, igual han sido severamente afectados por las no-estrategias económicas de un mandatario que desconoce de economía pero dicta todo lo que ha de hacerse.
Pero bueno, los verdaderos expertos, ante la tozudez de López, como Carlos Urzúa Macías, ya han ido tirando el arpa. A ver si algún día le cae el veinte.