En la Fiscalía General aseguran que “no son todos los que están, ni están todos los que son”. Es decir, la lista de presuntos no se acota a quienes son buscados con órdenes de aprehensión o enfrentan ya un juicio por aparentes delitos contra el Estado durante la última década o en el lustro de Roberto Borge. En todo caso, deberán comprobarles o declararse culpables para aplicar justicia completa.

Un aspecto a valorar: no solo se trata de cárcel, sino de reparación. Y es que el nuevo sistema de justicia penal se sostiene, entre otros pilares, en las alternativas de solución, como la reparación del daño; por lo tanto, el fin último no debe circunscribirse a dejar “al malo” tras los barrotes como antaño.

En parte se está logrando. Valga el recuento: Mauricio Rodríguez Marrufo (ya en libertad tras declararse confeso) purgó una pena corporal de cinco meses y 20 días, así como 39 millones 733 mil 176.81 pesos.

A “P.G.” (identificada como Paulina García), en dos audiencias celebradas por separado en Chetumal, se le decretó la firma periódica cada 15 días; una garantía de 20 mil pesos, y la prohibición de salir de la ciudad en tanto termine el proceso. El juez de control decretó el embargo de bienes por 18 millones de pesos (seis propiedades en Cozumel y un automóvil).

A “C.A.” (Carlos Acosta) se le impuso el embargo de cuatro propiedades, un vehículo, un remolque y una motocicleta. Asimismo, a “V.L.” (Víctor Loyola) el juzgador le decretó prisión preventiva justificada, e igualmente el embargo de bienes.

Uno de los casos más sonados, el de Roosevelt “N.” (Ercé Barrón), a quien le embargaron tres propiedades ubicadas en Othón P. Blanco, Cozumel y en la carretera que comunica Tulum con Playa del Carmen. También un Tsuru 2009 y una camioneta Traverse 2017. En tanto, a “Ana N.” (Alicia Rivera), un predio ubicado en Othón P. Blanco y dos vehículos.

Si es suficiente, lo sabrán las autoridades. Lo que valoran en los gobiernos que han denunciado a sus antecesores es el combate a la corrupción, a la impunidad y al tráfico de influencias, de acuerdo con los reclamos ciudadanos y conforme a las expectativas de los actuales servidores públicos, quienes desplegaron esta bandera de campaña para ganar simpatías y, evidentemente, quedarse con el triunfo electoral.

Hablar de justicia, y no de revancha, ha sido la tónica de los gobernantes, lo cual les acomoda en una etapa como ésta, cuando la temática se impone en los círculos del poder y en un ambiente electoral que exige dos asuntos torales: anular a contrincantes y cumplir las promesas para reivindicarse a tiempo.

                                                                Desorbitado

Claro que cimbró a una mayoría el ataque al policía municipal, el domingo pasado, en Cancún. No solo porque se trata de un atentado a la autoridad en un contexto de violencia propagada, sino porque esa persona tiene una obligación intrínseca en favor del ciudadano: protegerlo ante los delincuentes, esos mismos que lo dejaron batiéndose entre la vida y la muerte.  

Sucede que nos hemos (mal) acostumbrado a prejuzgar en estos casos también, y condenar, tanto a víctima como victimario, sin conocer el fondo de la historia. Rara vez alguien se pregunta si era “bueno”; si tiene familia; en qué condiciones desempeña su riesgosa labor; si está asegurado; si gana lo suficiente, o si tiene sueños como cualquier otro.

La sociedad debe saber que todos ellos exponen la vida. Los detalles de esas historias debieran interesar. Esto sale a colación ahora, cuando los empresarios ponen el grito en el cielo por la propuesta de canalizar un porcentaje adicional a la seguridad, vía el impuesto al hospedaje, olvidando que la seguridad es un tema de todos.