Polémica por posible demolición de nuevas oficinas burocráticas

Solicitan intervención de la empresa constructora; se requieren tres millones de pesos para rescatar el inmueble.

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Los trabajos de construcción se mantienen suspendidos. (Harold Alcocer/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco ha requerido a la empresa Chivosa S. A. de C. V. realizar el rescate del edificio para oficinas administrativas que se construye detrás del Palacio Municipal en la capital del estado. De no presentarse la compañía contratista, dicho inmueble sería demolido ante la falta de liquidez financiera por parte del municipio.

El presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, dijo que hasta el momento dicha empresa, con sede en Toluca, Estado de México, no ha respondido al llamado de la autoridad municipal.

Las cifras indican que en el edificio se han invertido más de cuatro millones de pesos y se requieren otros tres millones de pesos para su rescate.

Según un dictamen de la obra, el inmueble presenta serias deficiencias en su estructura, lo que representa un potencial riesgo de derrumbe.

“El dictamen permite que se pueda reforzar y si no hay la capacidad financiera entonces se va a tener que demoler, pero bueno es una responsabilidad de la empresa si así fuera. Se requieren como tres millones de pesos aproximadamente, adicionales a lo que está contemplado y no tiene por qué pagarlo el municipio”, recalcó el alcalde capitalino.

La construcción del edificio inició en julio de este año y estaría destinado para cinco oficinas administrativas del Ayuntamiento. Los trabajos se mantienen suspendidos. Aunque la inversión anunciada, en su momento, fue de aproximadamente dos millones de pesos provenientes de la federación, el alcalde dijo que se han invertido más de cuatro millones de pesos.

"Se citó a la empresa para que tome cartas en el asunto. En su caso se van a fincar responsabilidades a los que estuvieron en la Dirección de Obras Públicas”, advirtió.

En este sentido, Espinosa Abuxapqui dijo que en su momento se turnará a la Auditoría Superior del Estado todas las irregularidades encontradas. De acuerdo con la Ley de Entrega y Recepción, se cuenta con un plazo de 60 días hábiles, que vence en los primero días de enero.

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