Daniel Pacheco/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una serie de observaciones que han sido realizadas como resultado de las auditorías que se vienen conformando en la Secretaría de Educación de Quintana Roo, podrían convertirse en nuevas denuncias contra el gobierno de Roberto Borge Angulo si así lo determina la actual administración en la entidad.

De esta manera, si se integran los expedientes con las pruebas necesarias, esto podría ser parte de las próximas 14 denuncias adicionales que ha anunciado el gobernador Carlos Joaquín González a nivel nacional podrían sumarse a las 7 presentadas el pasado 19 de diciembre por presuntos desvíos de más de 2 mil 300 millones de pesos.

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Marisol Alamilla Betancourt, secretaria de Educación y Cultura en Quintana Roo, informó que se han entregado una serie de observaciones sobre irregularidades detectadas mediante auditorías al extinto gobierno de Roberto Borge en esta dependencia.

“En el proceso de ‘entrega-recepción’ se notificó a la Secretaría de la Gestión algunas observaciones que nosotros hacemos, algunas de forma y otras de fondo y ya la secretaria se está haciendo cargo al respecto. Son de manera general pero la gestión se encargará de definir de si son de manera transcendental y cuales son de forma irrelevante”, subrayó la funcionaria estatal.

Aunque evitó hablar sobre un posible desfalco, explicó que si se heredaron compromisos económicos por cubrir bajo el concepto de ‘pasivos’, mismos que suman un total de 650 millones de pesos, además que a esto se le adicionan la falta de pagos de algunos honorarios, el pago de becas y el compromiso a terceros institucionales.

Ante el cuestionamiento especifico del pago de becas, Alamilla Betancourt reconoció que se encontró un pago pendiente de 15 millones de pesos y que con bajo un esquema extraordinario se ha logrado cumplir con el avance de cumplimiento con 10 millones de pesos aunque el próximo pago de 5 millones ha quedado detenido hasta el mes de enero por cuestiones del cambio de tarjetas de la institución bancaria y falta de capacidad económica gubernamental.