Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron ayer su preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya, proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pueda tener en los derechos humanos de los pueblos indígenas y en el medio ambiente de la zona.

En un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor a que la obra de mil 500 kilómetros, con una inversión de 20 mil millones de dólares, ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales, a la cultura y a un medio ambiente sano y sostenible.

También denunciaron que defensores de los derechos humanos que han expresado similares preocupaciones han sufrido amenazas y ataques, así como un acceso muy limitado a tribunales independientes e imparciales.

Los expertos expresaron además inquietud por el hecho de que el Tren Maya se haya elevado a la categoría de “proyecto de seguridad nacional”, lo que en su opinión “permite derogar la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales”.

📰📢 México: El gobierno y las empresas deben abordar los impactos negativos del proyecto Tren Maya, dicen expertas y expertos de la ONU

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— ONU-DH México (@ONUDHmexico) December 7, 2022

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, afirmaron los representantes de Naciones Unidas.

Uno de ellos, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym, expresó en la nota su “gran preocupación” por la creciente participación del Ejército mexicano en la construcción y gestión del proyecto.

Los expertos pidieron al gobierno de López Obrador que garantice en este proyecto una participación significativa de las comunidades afectadas, así como mayor transparencia a la hora de evaluar su impacto ambiental y en los derechos humanos “antes de cualquier decisión futura”.

A las compañías multinacionales involucradas en la construcción, los expertos les acusan de “falta de debida diligencia en materia de derechos humanos”.

“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, concluye el comunicado.

El proyecto, uno de los más emblemáticos del gobierno, cuya construcción se inició en 2020, uniría por vía férrea los principales destinos del sureste, una de las zonas más turísticas del país, en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.